Este trámite entre administraciones supone el paso previo al recurso contencioso administrativo, que el Ministerio de Educación presentaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el caso de que el Gobierno de Esperanza Aguirre no conteste o asuma la petición en un plazo de dos meses.

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Educación confirmó a Europa Press haber recibido dicho requerimiento, y que una vez sus responsables conozcan el contenido, se valorará la actuación que llevarán a cabo.

Este curso es el primero que los institutos y colegios de la región imparten la asignatura, en 2º y 4º de la ESO. El pasado mes, el Gobierno regional dio la orden a todos los directores de los centros, a falta de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de que atendieran adecuadamente a los alumnos que quisieran objetar la materia.

Según estableció el Gobierno de Aguirre, y amparándose en sentencias de Tribunales superiores de otras comunidades, los alumnos que no acudan a las clases de Educación para la Ciudadanía deberán realizar trabajos sobre la Constitución y sus contenidos, así como tareas de voluntariado dentro del propio colegio. De momento, en el registro de la Consejería hay contabilizadas alrededor de 10.800 objeciones.