La inmigración ya es parte del problema económico de España

 
Parece que no todo es oro lo que reluce en el capítulo de la inmigración. Los efectos milagrosos que, según se nos anunció desde todas las fuentes políticas y económicas ligadas al poder, traería consigo la inmigración con vistas al porvenir de España, se diluyen a la luz de otras informaciones mucho más realistas y cercanas al ciudadano medio. No hay que ser demasiado minucioso en la comparación de datos para sacar conclusiones respecto a si los efectos de la inmigración masiva en países como Holanda, Francia, Bélgica o Inglaterra justifica o no su valoración política y económica en los términos más severos que podamos emplear. La inmigración a la larga es fuente ilimitada de gastos públicos, desfigura nuestra vertebración nacional y contribuye a la precariedad en el empleo al ser la demanda laboral mucho más alta; es decir, puestos de trabajo de ínfima calidad y sueldos más bajos. Y a la corta además nos empobrece aún más. Sobre todo a las economías más bajas.

Ahora se pretende también que los inmigrantes voten, lo que contribuirá aún más al reforzamiento de las políticas clientelares y a conferirles un peso político decisivo. En Melilla y Ceuta, la integración política de los inmigrantes en los años 90 propició la reversión estadística en ambas ciudades. Como muestra, un botón. En las elecciones municipales de 1991, las primeras en la que los partidos políticos incluyeron a candidatos de origen marroquí, la población española de origen era de 67.000 personas frente a 32.000 de confesión musulmana. Diecisiete años más tarde, la población española en la ciudad autónoma se ha reducido a la mitad, mientras que la de origen marroquí alcanza los 72.000 habitantes.

Aunque sea difícil establecer con exactitud la cifra real de inmigrantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2006 estaban empadronados 3.884.000 extranjeros en España. Se estima que, en la actualidad, el número de extranjeros con residencia ‘legal’ en nuestro país supera ampliamente la cifra de cuatro millones, de los que un creciente número sobrevive gracias a los fondos asistenciales y otras ayudas públicas. Las mismas estimaciones nos confirman una tendencia también creciente en el número de extranjeros que se inscriben en las oficinas del INEM: 300.000, según se señala desde fuentes económicas no confirmadas ni desmentidas por el Gobierno.

Se calcula que, de continuar la tendencia actual y en un plazo inferior a los 15 años, el Estado se gastará en esos colectivos dos veces más de lo que reciba por sus aportaciones a la Seguridad Social. Esta tendencia sería muy similar a la experimentada por algunos países de nuestro entorno europeo, cuyos sistemas de prestaciones sociales y sanitarias se hallan actualmente colapsados por la fuerte demanda registrada por parte de su población de origen extranjero.

En España, por ejemplo, ya se percibe cuáles pueden llegar a ser los resultados a medio y largo plazo. Mientras hace 10 años, un contribuyente español debía aguardar un máximo de cinco días para ser atendido en alguno de nuestros centros de salud, en la actualidad el plazo de espera supera las dos semanas. La misma tendencia se observa en el campo inmobiliario, donde la fuerte demanda registrada durante estos cuatro años ha sido una de las causas del espectacular incremento de los precios de la vivienda.

En el caso de los alquileres, la situación ha sido aún peor. Si usted es un ciudadano español con escasos recursos para hacer frente a la compra de un piso, deberá asumir los prohibitivos precios de alquileres muy por encima del valor real del inmueble arrendado, según coinciden los informes de las entidades bancarias publicados el pasado año. Así, en apenas diez años se ha experimentado un incremento en el precio de los arrendamientos superior en muchos casos al 200 por ciento.

Algunas inmobiliarias y propietarios dan prioridad a los llamados ‘inmigrantes sin papeles’, en muchos casos sin contratos, generalizándose así el fenómeno de los ‘pisos-patera’ ocupados no pocas veces por un número inusual de inquilinos. Sólo en Andalucía, las denuncias por escándalos y destrozos provocados por supuestos inmigrantes en las zonas comunitarias de uso común se disparó el pasado año. Se da incluso el caso pintoresco en la capital malagueña de la barriada marginal de la Palmilla, habitada tradicionalmente por personas de etnia gitana y que de forma mayoritaria han buscado acomodo en otras zonas de la ciudad ante los problemas de salubridad y orden público provocados por los nuevos residentes, en su mayor parte de origen subsahariano.

En la Comunidad de Cataluña, por su parte, se cree que más de 50.000 viviendas están ocupadas mayoritariamente por extranjeros sin papeles. Pero si en la arribada ilegal de decenas de miles de extranjeros se encuentra una de las razones del actual colapso inmobiliario, la cuestión laboral no es menos compleja. ¿Cómo casa a efectos económicos y sociales que, con una tasa de desempleados españoles superior al 10 por ciento, desde el Gobierno no se haya puesto freno a la llegada de más extranjeros o a la desleal competencia de éstos? 

Españoles que no quieren trabajar...

El argumento más socorrido por parte de los defensores de las supuestas ventajas de la inmigración ha sido la cobertura de puestos de trabajos que los españoles no querían cubrir. El mismo argumento serviría si los españoles rechazaran esos puestos de trabajo. Y ése argumento es radicalmente falso. Si un español se niega a aceptar un puesto de trabajo en algún invernadero del Poniente almeriense lo hace exclusivamente por la infravaloración de la mano de obra. ¿Es verosímil que alguien rechace una oferta de empleo consistente en trabajar de sol a sol por tres euros cada hora y sin cobertura social ni sanitaria en la mayoría de los casos? ¿Por qué entre las asignaturas del Gobierno para afrontar un mejor control de la inmigración ilegal figura sin ser aprobada la lucha contra esas prácticas laborales fraudulentas y fácilmente reconocibles a poco que las inspecciones estatales sean igual de eficaces que lo son con muchas empresas españolas que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones legales, salariales y fiscales?

El fenómeno migratorio no es por tanto ajeno a la devaluación de la calidad laboral y a la merma salarial que sufren miles de trabajadores españoles. Muchas empresas se parapetan en esa mano de obra masificada y barata para suscribir con sus empleados españoles contratos a la baja. Detrás de esta tendencia se explicaría la causa de que el mercado laboral español cuente con la escalofriante cifra de 18 millones de mileuristas, muchos de ellos a expensas de ayudas sociales y asistenciales de la Iglesia para llegar a fin de mes.

Delincuencia extranjera

El problema es aún peor si se repasan las cifras vinculadas con la delincuencia de origen extranjero, sobre todo en las grandes urbes. Sólo el pasado año murieron violentamente en España más de un centenar de personas como consecuencia de las acciones de bandas extranjeras perfectamente organizadas y a veces con ramificaciones y conexiones internacionales. El porcentaje no hace más que aumentar cada año. Asociaciones vecinales y policiales coinciden al establecer el escaso control que se ejerce sobre la inmigración como la principal causa de esta lacra social. La mejor radiografía de esta pandemia nos la ofrecen las cárceles españolas, con una población reclusa no española que supera ya el 30 por ciento. En Cataluña, el porcentaje es aún mayor.

Frente a una situación que escapa al control de policías y legisladores, la Unión Europea ha advertido a España sobre el resultado de sus imprudentes llamadas para el asentamiento de nuevas remesas de inmigrantes sin control legal alguno. Pero el azote no sólo nos llega de África. Convergencia i Unió ha denunciado la vulnerabilidad de nuestros pasos fronterizos con Francia y ha ofrecido un dato sin duda revelador de la indolencia gubernativa: todos los días se 'cuelan' en nuestro país un millar de extranjeros provenientes de la Europa del Este. La mayoría de ellos elige Cataluña, Levante, Madrid y Andalucía para su asentamiento definitivo.

La respuesta del PSOE a las propuestas populares sobre inmigracíón resulta especialmente reveladora de la desorientación estratégica de los socialistas. Pedir ley, orden y control con la inmigración podrá ser un discurso que gustara más o menos, pero no es xenófobo ni racista. Las proclamas buenistas de Zapatero sobre la inmigración ilegal no debilitan al PP porque los españoles tienen una opinión propia al respecto, mucho más cercana al pragmatismo del líder popular que a las ensoñaciones del PSOE. Este es un caso en el que los ciudadanos saben mejor que su clase política cuál es el problema. Quizá porque lo viven y sufren a diario en primera persona.

Temporalidad del 55 por ciento frente al 27,9 de la población nativa

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía, ha manifestado que, en la actual recesión económica, el mercado español se resentirá en mayor medida que sus vecinos europeos por el volumen de inmigrantes sin contrato que operan en los dos sectores que más han impulsado su desarrollo desde 2001: la construcción y los servicios. 

En una ponencia ofrecida en el marco de la presentación del Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes elaborado por el British Council y el Migration Policy Group, el profesor Mahía sostuvo que el modelo económico español, basado en "la construcción y los servicios de mercado", "requiere mucha mano de obra y puede crecer y decrecer muy rápidamente"."Creo que puede haber una desaceleración muy rápida e intensa y es imposible que no perjudique al trabajador inmigrante, con consecuencias sociales bastante imprevisibles", declaró el profesor, para quien "los últimos en llegar, que llegaron a los sectores que iban bien" serán los más afectados.

En este sentido, señaló que "sin contratación no hay desempleo y, por tanto, no hay prestación social, por lo que mucha gente quedará desprotegida. Cuando falla la Seguridad Social siempre quedan las redes familiares, pero si se trata de inmigrantes, el porcentaje de personas que carecen de estas redes familiares es mucho mayor que entre la población nativa", apostilló.

El problema tiene su raíz, según explicó Mahína, en la realidad del mercado de trabajo, donde "la participación de los inmigrantes no se está produciendo en condiciones de igualdad" con tasas de temporalidad cercanas al 55% frente al 27,9% de la 'población nativa' y "diferencias salariales que van del 20% al 60% para un mismo puesto de trabajo", junto a una "alta irregularidad administrativa".

Además, aunque "no hay ninguna evidencia empírica sólida sobre impactos negativos y significativos de la inmigración sobre los salarios o empleos de los nativos" y "no hay efectos de colisión entre ambos sectores", el profesor reconoció la implantación social de "ideas inconvenientes" que sostienen lo contrario.

Estas "ideas", sumadas a la "rápida incorporación" de extranjeros al mercado laboral, la "elevada segmentación" y "la discriminación" que "existe", en un marco de desaceleración económica "es una bomba de relojería" porque, afirmó Mahía, "ahora hay que no hay trabajo para todos (...) esa segmentación y discriminación tensionarán el mercado".

DEMANDA EXCEDENTE DE EMPLEO

En la misma línea se expresó el director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, José Antonio Alonso, para quien los mercados internacionales se encuentran "en una situación cercana al excedente laboral por una demanda excedente de empleo".

Este fenómeno, prosiguió, "no es circunstancial, sino que estamos entrando en una etapa de cierto carácter estructural de las presiones migratorias (...), una etapa donde subyacen fuerzas que invitan a pensar que los fenómenos migratorios van a acompañarnos durante un largo recorrido", al menos, mientras se mantengan diferencias salariales "de cuatro a uno" entre los países occidentales y el resto, entre otros factores.

Por eso, el director del ICEI incidió en la necesidad de "democratizar la migración" y estudiar las políticas migratorias considerando la actitud de los países de origen para promover los flujos circulares de trabajadores. "Cuanto más se apueste por la inmigración permanente, más restrictivas serán las políticas de migración de los países", apuntó.

Como hace siempre, Zapatero se parapeta en un discurso insustancial y en su ya conocido talante frentista, fóbico, visceral e intransigente, para camuflar los efectos perversos que sus políticas de 'manga ancha' han provocado. Bramaba Zapatero en las elecciones generales contra los que piden control de la inmigración y luego van a misa y comulgan. Cuando un político tiene que degradar tanto en su discurso es que hay un fondo de inquietud y de desesperación.