La Unión Europea presenta este miércoles en Bruselas su plan de lucha
contra el cambio climático, que se anuncia muy costoso, tanto para las
empresas obligadas a adaptarse, como para los consumidores, que deberán
soportar alzas de los precios.
El plan se basa en tres grandes ejes: la reducción drástica de las
emisiones industriales, el final de los permisos gratuitos para
contaminar y un mayor porcentaje de energías renovables en el consumo
del bloque.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,
prometió limitar el monto de la factura anual al 0,5% del PIB (Producto
Interior Bruto) de la UE, es decir unos 60.000 millones de euros.
Sin embargo, fuentes comunitarias juzgan más realista hablar del doble, unos 120.000 millones de euros anuales, es decir el 1% de la riqueza europea.
Según lo acordado en una cumbre de Bruselas en marzo de 2007, la UE se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) con respecto a los niveles de 1990, proponiendo incluso un esfuerzo adicional para llevar esa cifra al 30% en caso de entendimiento internacional.
Los líderes de la UE también habían acordado elevar al 20% en 2020 el porcentaje de energías renovables (eólica, solar, biomasa, geotérmica) en el consumo total del bloque, contra el 8,5% actual.
La tercera decisión adoptada fue la de aumentar al 10% el uso de biocarburantes en el sector del transporte en 2020.
Pero si los 27 estuvieron de acuerdo en asumir esos compromisos globales, ahora los gobiernos nacionales cuestionan el cálculo y la forma de reparto de los esfuerzos propuestos por Bruselas, mientras que los industriales agitan el fantasma de los traslados de fábricas.
La negociación se anuncia muy difícil, ya que el plan de Bruselas debe ser aprobado por el Europarlamento y todos los Estados miembros. Durao Barroso espera de todos modos un acuerdo para fines de 2008.
El derecho a contaminar es el punto clave del conjunto de propuestas de la Comisión Europea.
Se trata de poner en venta a partir de 2013 las cuotas de emisiones de CO2 (dióxido de carbono) otorgadas hasta ahora de forma gratuita a los industriales, que ya comenzaron a presionar a los gobiernos nacionales y la Comisión para modificar el texto.
Según el eurodiputado verde Claude Turmes, esta presión no se justifica, en especial porque algunas industrias, como los productores de electricidad, ya obtuvieron "ganancias indebidas por 30.000 millones de euros anuales", al incluir por adelantado en sus tarifas el valor de los permisos de contaminar que sin embargo han estado recibiendo de forma gratuita. "Sabemos que el precio de 23 euros por tonelada de carbono está incluido en el precio de la energía actualmente", reconoció la Comisión Europea, lo que no evitaría sin embargo un aumento del 10 al 15% de las tarifas de ese servicio, según fuentes europeas.
Las emisiones de CO2 de la industria (más de 2.000 toneladas de toneladas en 2005) representan la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. La otra mitad proviene de los transportes, la agricultura y los residuos.
Durao Barroso indicó que el costo de las medidas debería ser compensado por los ahorros en importaciones de gas y petróleo de la UE, de 50.000 millones de euros anuales. En cuanto a la venta de permisos para contaminar, estos deberían generar otros 50.000 millones de euros, monto que iría a parar a las arcas de los Estados miembros y serviría para financiar las innovaciones técnicas necesarias para la reducción de emisiones.
Bruselas espera mucho de las negociaciones sobre cambio climático iniciadas en Balí en diciembre de 207 y apuesta por un acuerdo internacional en 2009 para limitar el impacto de la factura.
España acepta el plan de renovables y pide un recorte menor
en CO2
España acepta la propuesta de la Comisión Europea de
elevar al 19,5% el consumo de energías renovables en el bloque, pero
demanda un recorte menor de la emisión de CO2, en el marco de las
negociaciones sobre los programas nacionales que se presentan este
miércoles.
"Un
objetivo de un 19,5% de uso de renovables en el año 2020 encaja
perfectamente con nuestra propia estrategia nacional, que ya fue
aprobada incluso por el Gobierno en esta legislatura, y que estableció
el 20% en 2020, pero hay todavía que seguir discutiendo el porcentaje
de emisión de gases", declararon a la AFP fuentes del Gobierno.
La
metodología que está utilizando la Comisión Europea para establecer los
porcentajes que corresponden a cada Estado miembro se fundamenta en un
cálculo que tiene en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) de cada
país por habitante, además de su grado de desarrollo económico actual y
su potencial tecnológico futuro.
España propuso al comienzo de
las negociaciones al comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs,
"tener más en cuenta" la población de cada Estado, pero según fuentes
comunitarias se ha rechazado este sistema de cálculo por considerar que
"dificultaría" la negociación con terceros países.
Según las
fuentes gubernamentales españolas, Bruselas estima que España debería
recortar en un 8% sus emisiones a la atmósfera de gases contaminantes
con respecto a los niveles de 2005 (año de referencia), para cumplir
con el cupo total del conjunto de la Unión Europea (UE). "El plan
nacional que seguimos debatiendo con Bruselas incluye una propuesta del
Ejecutivo comunitario de reducción del 8% respecto a niveles de 2005 en
sectores como la vivienda, el comercio o la agricultura", aclararon.
Estos
sectores son los que precisamente no entran dentro del actual comercio
de derechos de emisiones y no eximirían tampoco a España de cumplir con
los objetivos de Kioto, unos compromisos que en estos momentos incumple
más que ningún otro país de la UE, según cifras de la Comisión.
Pese
al alto grado de consenso con Bruselas sobre el porcentaje de uso de
energías renovables, España sigue presionando a la Comisión para que
acepte una salvaguarda de garantía del modelo español de subvenciones a
las renovables.
Fuentes del Ministerio de Industria español
confirmaron que se ha enviado a Bruselas una carta conjunta con
Alemania en la que se oponen al modelo propuesto por la Comisión de
comercio de certificados que garantiza que una energía procede de
fuentes renovables. La propuesta de Bruselas permitiría a las empresas
comprar y vender al mejor postor esos certificados, de modo que los
Estados que los compren podrían utilizarlos para alcanzar las
exigencias impuestas por Bruselas.
"Nosotros consideramos que
este sistema provocaría una seria disfunción de los mercados que hará
peligrar el objetivo del 20% fijado para 2020, además de poner en
peligro también nuestro sistema de subvenciones, que se está
demostrando muy eficaz", señalaron fuentes españolas. "Cabría la
posibilidad de que otros países puedan comprar estos certificados en
España a buen precio, aprovechando que la producción de renovables está
subvencionada, para así evitar invertir en renovables en sus propios
países pero cumplir con los objetivos, mientras que nosotros no",
agregaron.
Por tal motivo, España exige a la Comisión que
modifique su propuesta y que permita al Gobierno controlar el comercio
de certificados, de forma que las empresas sólo puedan venderlos cuando
se haya cumplido con el objetivo del 19,5%.
La Unión Europea presenta este miércoles en Bruselas su plan de lucha
contra el cambio climático, que se anuncia muy costoso, tanto para las
empresas obligadas a adaptarse, como para los consumidores, que deberán
soportar alzas de los precios.
El plan se basa en tres grandes ejes: la reducción drástica de las
emisiones industriales, el final de los permisos gratuitos para
contaminar y un mayor porcentaje de energías renovables en el consumo
del bloque.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,
prometió limitar el monto de la factura anual al 0,5% del PIB (Producto
Interior Bruto) de la UE, es decir unos 60.000 millones de euros.