El consejero madrileño Francisco Granados se declaró el jueves satisfecho tras archivarse la presunta red de vigilancia a varios altos cargos de la región en el que estaban imputados varios funcionarios de la Comunidad de Madrid (CAM), y pidió la dimisión de dos diputados regionales de su propio partido por haber dado por buena la teoría del espionaje político en el PP.
"Este auto viene a confirmar lo que desde el primer momento dijimos en la CAM y es que el Gobierno ni había alentado ni ordenado ni amparado ningún espionaje ni ningún seguimiento a ninguna persona", dijo Granados en una rueda de prensa.
El juzgado de instrucción número 5 de Madrid argumentó para cerrar el caso que las anotaciones que aparecían en los partes de los supuestos espías, como movimientos o agendas, se podían obtener fácilmente por otros medios al tratarse los espiados de personas públicas.
"El hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna", dijo además el auto citado por diversos medios y que no fue hecho público por el Tribunal Superior de Justicia madrileño.
La juez de instrucción recordó que el procedimiento se abrió por si los hechos fueran constitutivos de malversación de caudales públicos desde la CAM a la red de espionaje, que habría seguido, entre otros, al ex consejero Alfredo Prada y a Manuel Cobo, número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, todos del Partido Popular.
"Aun en el caso de que se hubiera producido, dada la laxitud e inconcreción de las funciones que tienen encomendadas los imputados sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente", dijo la juez en el auto reproducido.
Ante el resultado de la investigación judicial, Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, consideró que Cobo debía pedir perdón por haber acusado injustamente a los funcionarios implicados en el caso y hacer creer que el Gobierno había utilizado medios públicos para espiar, y añadió que los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores deberían abandonar sus escaños en la Asamblea de Madrid.
"Dos personas, que hasta el día de hoy han estado pidiendo más y más diligencias con el único objetivo de perjudicar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, creo sinceramente que por dignidad, si les queda algo, lo que deberían hacer en este momento es dimitir del grupo parlamentario (popular) y vivir de otra cosa", declaró en referencia a Prada y Rodríguez Flores.
"Han dado por buena una teoría que hoy se demuestra falsa", añadió.
El caso - en el que estaban imputados el ex director de Seguridad Sergio Gamón y cuatro agentes de la Consejería de Interior - comenzó en enero de 2009, cuando el diario El País informó de que existía una especie de "servicio secreto particular" al servicio de la CAM, algo desmentido tanto por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, como Granados.
El consejero madrileño Francisco Granados se declaró el jueves satisfecho tras archivarse la presunta red de vigilancia a varios altos cargos de la región en el que estaban imputados varios funcionarios de la Comunidad de Madrid (CAM), y pidió la dimisión de dos diputados regionales de su propio partido por haber dado por buena la teoría del espionaje político en el PP.
"Este auto viene a confirmar lo que desde el primer momento dijimos en la CAM y es que el Gobierno ni había alentado ni ordenado ni amparado ningún espionaje ni ningún seguimiento a ninguna persona", dijo Granados en una rueda de prensa.