La pretensión de adoctrinar a los alumnos españoles en los valores del anarquismo moral desata una oleada de objeciones

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La implantación española de Educación para la Ciudadanía es, antes que nada, un conflicto de libertades civiles. Es un atropello por parte del Estado que se arroga el derecho y el deber de educar moralmente a los ciudadanos. No es, por tanto, un conflicto ideológico -un conflicto de valores o normas morales-: es el despojamiento, por parte del Estado, del derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Es un problema de libertades. De alcances, límites y preminencias. En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, como un pretendido pulso de idearios, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares.