Servicio de Urgencias del Hospital St. Thomas, en Londres

José Antonio Mallo, un gallego de 74 años que trabajó durante casi cuatro décadas en el Reino Unido, recibió a finales de diciembre uno de los mayores disgustos que le ha dado el país al que encomendó el grosor de su vida profesional. Mallo, que retornó a Galicia hace 15 años pero sigue visitando el país británico con frecuencia, viajó al norte de Inglaterra las pasadas navidades para reunirse con sus hijos, que viven allí.

Una indisposición le obligó, sin embargo, a ser ingresado en el hospital de la localidad de Bolton durante un plazo de 24 horas. El servicio, no obstante, le salió caro. A pesar de recibir desde su jubilación una prestación de la Seguridad Social británica por sus 38 años de trabajo, Mallo no llevaba consigo en el momento de la hospitalización la tarjeta de la National Health System (la sanidad pública del Reino Unido), que le es renovada cada año, ni tampoco recordaba el número. La Tarjeta Sanitaria Europea le había caducado, y la española, la única que podía haberle servido, le fue rechazada en esta ocasión a diferencia de otras veces.

Por esta razón, y debido a que por algún extraño motivo su nombre no aparecía en el sistema –«¿cómo puede ser que me paguen una pensión y no me encuentren en el sistema?», se pregunta Mallo en declaraciones a «La Voz de Galicia» y que reproduce ABC–, el país que le acogió bajo su ala le reclama ahora una factura de 600 libras por las 24 horas de cuidados sanitarios. Y amenaza con denegarle la entrada al país en el que reside parte de su familia si no accede a pagar.

«Cuando mi hija fue al hospital a preguntar por el motivo de las cartas [ha recibido cinco hasta ahora solicitándole el pago], le dijeron que al cobrar también una pequeña pensión de España, aunque solo sea de 200 euros, tengo que ser yo o, si no, el Estado español, el que se haga cargo de pagar la factura», cuenta este hombre, quien, para más inri, siempre trabajó para el NHS durante su vida laboral en Inglaterra.

Por su parte, la Embajada del Reino Unido en Madrid justifica lo ocurrido porque «él tiene una pensión de los dos países y vive en España, por lo que es España la competente para pagar su atención sanitaria. Tendría que exhibir la tarjeta sanitaria europea [que le había caducado], y después cada país ya se hace cargo de los gastos que le corresponden por el servicio que se presta a sus ciudadanos, o un seguro de viaje».

Mallo trata ahora de solucionar el problema por todos los cauces. Pero no le resulta tarea fácil: la atención presencial del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue suspendida durante la pandemia, por lo que no ha conseguido hasta ahora hablar con ningún operador para remediarlo. «Me está generando un estrés tremendo, me parece un abuso por parte de los ingleses», lamenta.