Fernando Grande-Marlaska es quizás el ministro que más decepción está causando desde el primer día de su mandato. Llegaba a Interior precedido de un reconocible prestigio en los tribunales, como vocal del CGPJ o como magistrado. A izquierda y derecha, era elogiado en su labor, salvo por su excompañera en la Audiencia Nacional y ahora fiscal general, Dolores Delgado, que hasta se mofaba de su condición sexual. Sin embargo, como ministro se ha revelado como un profesional del sectarismo al servicio de la extrema izquierda. Es un manipulador de la información, un perseguidor de la libertad de expresión y, sobre todo, un enterrador de la separación de poderes. De hecho, sorprende que sea un magistrado de carrera quien pretenda imponer la domesticación de los jueces para proteger a Sánchez de sus errores con el coronavirus.

Aprovechar el estado de alarma para invadir la independencia judicial desde su despacho de ministro y aplaudir un acuerdo de su Gobierno con Bildu mientras intenta erosionar el prestigio de la Benemérita, de la que es jefe, refleja dramáticamente cuál es el objetivo de Sánchez. Y ser acólito de semejante operación es algo que Marlaska deberá llevar siempre en su conciencia. Por eso es lógica la dimisión del «número dos» del Cuerpo, el general Laurentino Ceña, que adelanta su retiro ante la injusta acometida contra su compañero. Porque la fulminación del coronel Pérez de los Cobos por negarse a informar a Marlaska -cumpliendo órdenes judiciales- de su investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid es una venganza política y una purga de corte soviético, no una simple renovación ministerial. El ministro ha tratado de salvar a José Manuel Franco de una acusación por prevaricación que podría ser extensiva a Illa y a Simón. Todos acallaron informes oficiales que alertaban de que las manifestaciones del 8-M eran un peligro, y ahora pretenden silenciar la investigación. Por eso es crucial que el poder judicial defienda a la instructora, e incluso que esta advierta al Gobierno de que su abuso de poder puede acarrear responsabilidad penal.

Lo ocurrido demuestra que el sanchismo usa el poder a capricho para socavar la democracia. Es evidente que Sánchez intenta salvar su legislatura a toda costa, y por eso ofrece al separatismo catalán la cabeza de Pérez de los Cobos, y al PNV y a Bildu, un acercamiento de 300 presos de ETA al País Vasco. Además, para apagar el profundo malestar interno, Marlaska recurre ahora, a la carrera y solo cuando él se ve en apuros, a su incumplida promesa de subir el sueldo a los guardias civiles. Es casi una insulto intentar tapar con dinero el malestar que sus trapacerías han generado en un Cuerpo que tiene «el honor como divisa».

PINCHE ABAJO PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA: