José Manuel Franco.

La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de las manifestaciones del 8-M pese a la pandemia del coronavirus, ha citado a declarar como investigado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si cometió prevaricación al permitir esas concentraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. La comparecencia, aclara, se llevará a cabo preferentemente de forma telemática por la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, la magistrada reclama a la Delegación del Gobierno que antes del 1 de junio le remita un informe en el que detalle las peticiones de manifestaciones que llegaron a sus manos, y las que prohibió, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, y también una relación de los expedientes de concentraciones que en esa última fecha estaban pendientes de resolver sobre su autorización o denegación.

La instructora del procedimiento también quiere saber las circunstancias en que se desconvocaron o no se permitieron 21 manifestaciones y en qué fechas la Delegación del Gobierno requirió a sus organizadores para que las protestas no se celebrasen.

Al Ministerio de Sanidad, la juez le solicita, también antes del próximo 1 de junio, que aclare qué difusión tuvieron sus recomendaciones de medidas extraordinarias por el coronavirus del pasado 3 de marzo, si fue colgado en la web del ministerio y si fue remitido a la Delegación del Gobierno y en qué fecha.

Y en relación con el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, del pasado 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia, la magistrada pide a Sanidad que aclare si “se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones”, si se subió a la web ministerial y si se envió a la Delegación del Gobierno de Madrid o a Interior.

La instructora cita igualmente, en su caso como testigos, al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; a Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y al director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

El abogado Víctor Valladares denunció a título particular al delegado del Gobierno -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias.

En la resolución en la que acordó la apertura de diligencias, la magistrada ya dejó claro su interés en esclarecer “si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro”. Y también reclamó a la Guardia Civil que investigase si por parte de las autoridades competentes “se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo 2020, tales como guantes, mascarillas u otras”.