El Tribunal Supremo ha registrado en las últimas semanas 16 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno y diversos ministros y altos cargos por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria. La ofensiva judicial contra el ejecutivo abarca no solo las actuaciones realizadas durante el estado de alarma, sino aquellas actividades anteriores al confinamiento, cuando llegaron los primeros ecos de la propagación de la pandemia global.

Según fuentes del alto tribunal, las 16 querellas o denuncias registrada hasta la fecha y que deberá resolver la Sala Segunda (de lo Penal) parten de acusaciones de abogados particulares, afectados por la covid-19, sindicatos de funcionarios, policías, médicos o enfermeros, un partido político, un colectivo ultra o ciudadanos particulares.

Nunca antes la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, había recibido tal avalancha de acciones penales en un periodo tan corto de tiempo por un hecho concreto. Una circunstancia que obligará a los magistrados del Supremo a ponerse manos a la obra cuando la actividad judicial se normalice para dar respuesta a los denunciantes.

Las mismas fuentes del alto tribunal señalan que de momento la Sala no se han pronunciado sobre la admisión a trámite de ninguna de estas querellas o denuncias, tampoco sobre la imposición de una fianza provisional en el caso de tratarse de acusaciones populares. Desde la Fiscalía del Supremo, que deberá pronunciase sobre la revelancia penal de cada uno de estos escritos, tampoco se ha movido ficha hasta que no se recupere la actividad ordinaria en el Palacio de las Salesas, suspendida por el decreto de estado de alarma.

El primero en abrir la vía penal contra el Gobierno fue un abogado. A finales de marzo Víctor Valladares acudió al Supremo (competente por la condición de aforados de los miembros del ejecutivo) para denunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y/o lesiones por imprudencia profesional por permitir la Delegación del Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, fundador del despacho Preico Jurídico, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia.

A principios de abril llegó al Supremo una denuncia de una plataforma de nuevo cuño creada al calor de la crisis sanitaria. Los afectados por la covid-19, bajo la batuta de Carmen Balfagón, exdirectora del Imserso y vinculada a Vox, denunció al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al titular de Sanidad Salvador IIIa por su responsabilidad en la gestión de la crisis.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una querella contra Salvador IIIa, ampliada esta semana, por la falta de protección del personal sanitario para luchar contra el coronavirus. Se trata del colectivo con mayor número de infectados y el sindicato atribuye al ministro delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos.

Vox y guardias civiles

La falta de protección individual y el fallecimiento de cuatro agentres llevó a la minoritaria Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) a querellarse a principios de abril contra IIIa y Grande-Marlaska, respectivamente, por delitos similares a los del CSIF. Tras la Semana Santa, la Asociación de Abogados Cristianos presentó acciones penales contra el Gobierno tras la decisión de la Policía Nacional de desalojar a una veintena de feligreses de la catedral de Granada durante la misa de Viernes Santo.

La querella apunta al presidente, los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo y los ministros Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Margarita Robles o el director de Emergencias Fernando Simón. Al ser querella y no denuncia les imputan directamente omisión del deber de socorro y prevaricación por “no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus”.

Un colectivo de la Policía Municipal de Madrid también se querelló contra Sánchez e IIIa por estos hechos y el despacho del abogado de Antonio Cortés se dirigió contra el presidente por vulneración de derechos fundamentales por el estado de alarma.

Vox también respalda la ofensiva judicial de la pandemia con una querella contra Sánchez, Calvo e Iglesias por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los trabajadores. La judicialización de la política es una marca característica del partido de Santiago Abascal, que ya ha presentado sin éxito en diferentes tribunales más de una docena de querellas contra rivales políticos.

El colectivo sanitario también se ha mostrado activo. El Consejo General del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos o la Asociación de Médicos Titulados Superiores han presentado denuncias por delito contra la seguridad de los trabajadores. Además de señalar al ministro IIIa, el primer grupo se dirige contra tres altos cargos de Sanidad.

Finalmente, una familia de Huelva pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y cuatro ministros por el fallecimiento de un marinero jubilado de 79 años por la covid-19 y el colectivo ultra Hogar Social Madrid actúa contra Grande-Marlaska por las declaraciones sobre las persecución de bulos del jefe de la Guardia Civil José Manuel Santiago.

La causa por la marcha del 8-M, en el foco del debate político

Antes de llegar al Supremo, el abogado Víctor Valladares presentó en los juzgados ordinarios de Madrid una denuncia contra la Delegación del Gobierno por permitir la marcha del Día de la Mujer el 8 de marzo cuando la comunidad ya registraba casos de coronavirus. Es el procedimiento penal contra el ejecutivo más avanzado, ya que la instructora Carmen Rodríguez-Medel abrió causa el 20 de marzo contra el delegado José Manuel Franco, a la sazón secretario general de los socialistas madrileños. Tras las primeras diligencias pedidas a la Guardia Civil y al médico forense, la magistrada archivó una de las líneas de investigación sobre la posible responsabilidad del ejecutivo en los contagios. Retiró el delito de lesiones imprudentes aunque mantiene el de prevaricación administrativa. La razón es que el forense rechazó la existencia de una “causalidad” entre las concentraciones permitidas desde el 5 hasta el 14 de marzo, como la del 8-M o el acto de Vistalegre de Vox, y los contagios.