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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en ofrecer una desescalada «gradual», «desigual» y en la que se tendrían en cuenta criterios objetivos y transparentes para decidir qué territorios cambian de fase. Las comunidades deberían remitir a Sanidad sus propuestas indicando los territorios que cambian de fase, las medidas que van a adoptar, un análisis de las capacidades estratégicas del sistema sanitario y de la evolución epidemiológica y cualquier aspecto económico, social o de movilidad relevante. Con todos esos datos un comité de expertos tomaría la última decisión, anunció.

Pero ese grupo de «sabios» que asesora al Ministerio de Sanidad son un misterio. Nadie sabe quiénes son realmente. A Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se le ha preguntado en varias ocasiones sobre la identidad de estos expertos sin éxito. El miércoles se limitó a decir que estaba formado por once profesionales y eludió dar nombres o cargos para evitar la «presión» que podrían sufrir por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular. Este jueves ha vuelto a rehuir una pregunta en el mismo sentido y se ha limitado a valorar el trabajo de un grupo «muy importante» de expertos que estudiarán caso por caso. Además de añadir que trabajan con criterios de salud y no económicos. «Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo», insistió.

Illa también lo niega

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado la misma información durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso, a petición de PP y Vox. Illa no ha aportado ningún nombre y se ha limitado a recordar que en la Administración pública la responsabilidad recae en los altos cargos, que son los que en última instancia van a emitir los informes correspondientes.

«La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto», ha denunciado la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, que ha citado la Ley de Transparencia (artículo 13) y la Ley General de Salud Pública que, en su artículo 11, establece que es obligatorio hacer pública la composición de los comités que evalúen acciones.

También el representante de Vox Juan Luis Steegmann ha reclamado «luz y taquígrafas» al respecto y que ese comité y sus decisiones sean públicos, como ocurre en Francia. Los españoles tienen derecho a conocer el currículo de estas personas, para que puedan colegir si su futuro está o no «en buenas manos». Steegman sí aportó la procedencia de tres de ellos porque firmaron unos informes técnicos y eran «tres residentes de Medicina Preventiva, dos de ellos con una encomienda a la empresa Tragsatec».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sumó también a los que quieren conocer los nombres de los miembros de la Comisión de Expertos que está asesorando al Ejecutivo en la desescalada y también los fundamentos sobre los que se van a adoptar las decisiones. Denunció que cómo es posible que, «en el momento histórico que estamos viviendo, el Gobierno hurte esa información tan sensible al conjunto de los españoles». «Es una exigencia mínima de una democracia como la española».

Camas UCI y movilidad

Entre los requisitos que deberán cumplir, figuran la capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y dos camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes y la actualización del panel de indicadores sobre su situación. Sanidad estudiará con cada comunidad la propuesta planteada y se adoptará una decisión, preferentemente de manera consensuada. Aunque para ciudades como Madrid, donde la movilidad es un factor importante, también habrá un informe del Ministerio de Transportes.

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