El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estrecha la mano al Rey. (Foto: EFE)

La polémica salpicó hace unos días al ministro Fernando Grande-Marlaska cuando en rueda de prensa conjunta con el titular de Justicia, Juan Carlos Campo anunció su intención de cambiar la ley para aumentar el control sobre la información y perseguir los bulos y las ‘fake news’ que creasen «desafección» contra el Gobierno. Sin embargo, en 2013, el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, avaló los insultos al Rey emérito, Juan Carlos I, por considerar que se trataba de libertad de expresión.

El juez Marlaska, ahora titular de Interior, y otros tres magistrados del órgano judicial -Ramón Sáez Valcárcel, Guillermo Ruiz Polanco y José Ricardo de Prada- firmaron un voto particular en el que se oponían a la condena de un militar retirado, el coronel Amadeo Martínez Inglés, por escribir un artículo en el que, entre otros calificativos, se tachaba a la Familia Real de «despreciable» y al Monarca de «corrupto máximo», «genocida»,»putero, borracho y cabrón».

«Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control», sostuvo Marlaska. En el pronunciamiento que emitió, además, consideraba inaceptable que los miembros de la Casa Real se beneficiasen de una protección ampliada de su derecho al honor. Muy al contrario, el Rey y su familia debían someterse a un mayor escrutinio de la opinión pública.

A juicio del ministro socialista, la condena penal de este tipo de «críticas» hacia la Jefatura del Estado lesionaba el interés público que en democracia «demanda una opinión plural, informada y formada». «La política significa un cuestionamiento permanente de la legitimidad de ejercicio de los poderes instituidos», apuntaron los cuatro jueces en su pronunciamiento.

«La política en democracia significa un cuestionamiento permanente de la legitimidad de ejercicio de los poderes instituidos» recogió el voto particular.

En contra de la opinión de la mayoría de integrantes del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para Fernando Grande-Marlaska señalar al Rey Juan Carlos como descendiente «de la pérfida bocamanga del genocida Franco» y asegurar que era el «último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica», era una opinión amparada por la libertad de expresión.

Un criterio que dista mucho de su postura actual, por la que se ha visto obligado a retirar la orden dada a la Guardia Civil para «controlar» informaciones libres y reportar al ministro del Interior.

(OK Diario)