Salvador Illa

Pese a no tener ningún empleado contratado ni licencia sanitaria para la importación de productos sanitarios, el Gobierno ha confiado 5,12 millones de euros (IVA incluido) en la empresa malagueña Value&Bro S. L. Así, según consta en el contrato publicado en la plataforma de contratación del sector público, el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) contrató a la citada firma para el abastecimiento de 700.000 hisopos con medio de transporte para el diagnóstico del Covid-19, un utensilio que se utiliza para la toma de muestras con su correspondiente reactivo para detectar si una persona tiene coronavirus.

Y que, según el contrato publicado,cuesta 6,05 euros la unidad. El acuerdo se llevó a cabo con la letrada Paola Martínez Ledesma en su condición de administradora única de la firma de la asesoría jurídica.

En dos pagos

Asimismo, el abono del pago se acordó realizar en dos veces: «El 50 por ciento del precio del contrato (2.562.175,00) se abonaría a la formalización del contrato, ya que al tratarse de una importación la empresa debe pagar al proveedor por adelantado, y el otro 50 por ciento restante se abonaría una vez acreditada la entrega total de las mercancías». La factura correspondiente al segundo y último pago «deberá acompañarse de una declaración de conformidad del centro donde se haya entregado materialmente el objeto del suministro».

Martínez Ledesma, socia y administradora de la mercantil que previamente se llamaba Administración Concursal Marsan y su objeto social era la gestión de concursos de acreedores hasta la disolución de la misma hace unos dos años, explicó ayer a Efe que su empresa no tiene empleados, sino que lo hacen todo a través de seis agentes subcontratados en España, Sudamérica y Hong Kong, y tiene un contrato con un laboratorio biotecnológico que fábrica los hisopos esenciales para las PCR con todas las certificaciones avaladas por el Gobierno Chino y exigidas por el Estado español. Su intermediario, según avanzó «Diario Sur», es la compañía china Guangzhou Deaou Bio-Technology.

Juicio con una embarazada

Precisamente este mismo medio ya publicó en su día otro suceso que protagonizó muy a su pesar la letrada: «Una jueza de Familia de Málaga insiste en celebrar un juicio con una abogada que certificó baja por embarazo». Y es que entonces Martínez Ledesma montó su propio despacho y es ella, salvo alguna colaboración puntual, la que en 2018 llevaba todos los casos, lo que impedía que pudiera ser sustituida por otro abogado.

La letrada tiene, a su vez, un contrato con otras firmas que le proveen de mascarillas, guantes, batas y gafas de protección. De hecho, esta firma tiene en tramitación pedidos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), entidades bancarias, el grupo Obrascón Huarte Lain, además de diputaciones como la de Málaga y Cádiz, los Bomberos de Málaga y los Ayuntamientos de los municipios malagueños de Torremolinos, Coín, Alhaurín el Grande y Fuengirola, entre otros.

La compañía (antes y después del cambio de nombre) lleva seis años operando en el ámbito jurídico y uno en el sector farmacéutico, si bien antes de este contrato no contaba con la licencia para importar material sanitario, por lo que la letrada pidió una licencia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Y es que la legislación española establece que, de manera excepcional, la AEMPS puede autorizar, por motivos justificados, importaciones de productos en empresas que no posean una licencia sanitaria de importación.

(La Razón)