Pedro Sánchez conversa con Fernando Simón.

José Manuel Otero Lastres.- Desde que se reconoció públicamente la existencia de la pandemia del coronavirus y sus devastadores efectos en España, ha habido un rosario de comparecencias (casi a diario) de Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno en las que iban explicando al pueblo español las medidas que se iban tomando en una doble dirección: atajar sanitariamente la pandemia y paliar los efectos económicos inmediatos que causa en la población.

Pues bien, y siento decirlo porque me gustaría afirmar lo contrario, en ambos aspectos el Gobierno de la Nación no ha estado a la altura de lo deseable. No voy a insistir en la manifiesta improvisación con la que ha actuado nuestro ejecutivo en el ámbito sanitario, en el que ha desarrollado una verdadera política de parches que ha ido siempre a remolque de la realidad. Y en la que, por poner solo un ejemplo, se compra tarde el material esencial para frenar la pandemia y se comete, además, la chapuza de adquirir objetos inservibles a un intermediario del que sospechosamente todavía no se sabe nada.

Pero si las medidas sanitarias vienen siendo insatisfactorias, me atrevo a sostener que las económicas dejan mucho que desear. En efecto, el artículo 31 de nuestra Constitución dispone que todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado de acuerdo con nuestra capacidad económica. Y establece también que corresponde a los políticos administrar los recursos aportados por la generalidad de acuerdo con criterios de eficiencia (utilizar lo mejor posible los recursos disponibles) y economía (con el mayor ahorro).

Pues bien, lo que propone nuestro actual Gobierno a la hora de tratar de resolver esta compleja situación económica en la que nos encontramos, no es administrar mejor, redistribuyendo más eficazmente los limitados recursos de los que disponemos, sino lo más fácil: que los ciudadanos aumentemos los recursos que aportamos al Estado. Es decir, en lugar de administrar nuestros bienes, como dice la Constitución, con «eficiencia y economía», nos piden más recursos a través de subidas de impuestos. Con lo cual, lejos de corregir la ineficiencia -que sería darles menos recursos y exigirles que los administren mejor-, intentan disponer de nuevos bienes adicionales para seguir despilfarrándolos. Y, por supuesto, todo a costa de los paganos, que son los ciudadanos.

Hasta ahora, estamos oyendo hablar diariamente en los medios de los problemas de los empresarios (tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas) que por el parón de la economía no tienen ingresos y, sin embargo, tienen que pagar no solo los impuestos sino incluso parte de las nóminas. Y esto es algo que esta afectando a todos los sectores de la economía, incluso a algunos en los que últimamente era poco frecuente como es el del fútbol profesional.

Pues bien, en ninguna de todas las innumerables comparecencias públicas hemos oído a los políticos ofrecerse para reducir los costes del sector público y destinar el excedente liberado a atender a las imperiosas necesidades de los sectores más necesitados. Ellos siempre miran para otros, nos hablan de la solidaridad de los que más tienen con los que más lo necesitan. Pero jamás, insisto jamás, miran para ellos mismos por si pudieran contribuir a un reparto más justo y equitativo del sostenimiento del gasto público desbocado ahora por el coronavirus.

Circula por la red que en España hay, al parecer, 445.568 políticos ocupando cargos públicos, siendo el país que tiene más políticos tiene viviendo de los Presupuestos del Estado. Y se añade que tenemos el doble de políticos que el segundo país de Europa, que es Italia, y 300.000 más que en Alemania con la mitad de la población.

Pues bien, a nadie con un mínimo de luces se le escapa que sobran muchísimos políticos. Y por si esto fuera poco, su actuación no ha sido económicamente ordenada ni mínimamente diligente, porque, de haberlo sido, la situación sería otra. Por otra parte, todo el mundo sabe que mientras que para ser médico, abogado, ingeniero, policía o bombero hay que pasar unos controles exigentes, mientras que para ser político no se exige absolutamente nada. De aquí la injusticia en que los políticos no soporten el incremento de los gastos públicos que está en marcha porque no afecta a los que debería, esto es, a los que sobran y a los que no tienen que superar prueba pública alguna para acceder al puesto de trabajo. Si hasta ahora no se ha recortado el insoportablemente innecesario número de políticos no es porque no sea posible o porque se quedarían sin atender servicios esenciales, sino que es justamente porque son ellos los que tendrían que votar esta medida.

Hasta ahora, pues, no solo no se ha recortado significativamente el número de políticos, sino que ni si quiera han ofrecido una parte de sus sueldos para ayudar a los más necesitados. Por eso, si la contribución al sostenimiento de los gastos públicos debe ser soportada entre todos y en la medida más equitativa posible, hay que recordar a quienes deciden los recortes que “todos” no somos los demás ciudadanos, sino también los políticos sobrantes.

Porque ¡donde está escrito que ellos son intocables!