El impacto que el coronavirus está teniendo en economía es devastador. Ya nadie lo niega, ni el propio Gobierno. En diez días los trabajadores que han pasado a una situación de paro rondan los dos millones consecuencia de 240.000 regulaciones temporales del empleo en toda España, la figura con la que el Ejecutivo busca contener una sangría en el empleo tras decretar el cierre de negocios para contener la propagación del virus Covid-19.

A estas regulaciones temporales de empleo habría que sumar también los despidos realizados antes de que el viernes el Ejecutivo impusiera por decreto la prohibición de despedir por causas económicas durante la pandemia. Una cifra que UGT y CC.OO. han situado en el entorno del millón, trabajadores que habrían causado baja en la Seguridad Social.

Un escenario laboral que se dejará sentir en los datos de paro registrado que se conocerán el próximo dos de abril. El paro enfila hacia los 5 millones y la Seguridad Social perderá en torno a un millón de afiliados. Un pico con el que ya cuenta el equipo económico, que no se alcanzaba en España desde los peores años de la crisis, en 2013 y que confía en que sea puntual.

La mano de los sindicatos

Este desastre en el empleo es lo que llevó al Ejecutivo a decretar la prohibición de realizar despidos objetivos por causas de fuerza mayor, técnicas, organizativas y de producción mientras dure la crisis sanitaria, además de prorrogar la vigencia de los contratos temporales. Unas medidas que durante días habían reclamado UGT y CC.OO. y el ala más dura del Gobierno las hizo suyas. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, el cerebro económico de Podemos, se impuso a Nadia Calviño y convenció al presidente del Gobierno de que solo con una medida prohibitiva se podrían frenar la avalancha de extinciones que se estaban produciendo en España.

El anuncio pilló por sorpresa a la clase empresarial, que no fue consultada y conoció la noticia al mismo tiempo que el resto de los españoles, lo que dio lugar a uno de los comunicados más duros que han salido en los últimos años de la patronal y que ya aventuran una dura batalla con el Gobierno. La patronal escucho de la titular de Trabajo duras palabras sobre la clase empresarial.

«Nadie puede aprovecharse de esta crisis y usar el covid-19 como excusa para despedir», dijo Díaz, tras anunciar que la Inspección se pone a trabajar ya a toda máquina para detectar y evitar situaciones de fraude. La ministra reclamó a las empresas ejemplaridad y que se «comprometan con su pueblo y mantengan los puestos de trabajo».

La artillería desde la organización que dirige Antonio Garamendi no se hizo esperar en forma de balas advirtiendo de más paro, desconfianza de los inversores y, en definitiva, una recuperación frustrada cuando se doblegue la pandemia del coronavirus.

El decreto ley con las medidas laborales de contención del desempleo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él el Gobierno admite que la crisis del coronavirus está teniendo un «impacto devastador» en el mercado de trabajo. La norma establece que la duración de los expedientes temporales de empleo aprobados no pondrán extenderse más alla del periodo en el que se mantenga la situación extraordinaria derivada del covid-19, lo que significa que su duración máxima será la del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo y sus prórrogas.

¿Qué busca el Ejecutivo con esta medida? Con el final de todos los ERTE al mismo tiempo pretende que la situación vuelva a la normalidad y lograr la ansiada recuperación en V a la que aludió el propio Pedro Sánchez cuando decreto el estado de alarma el día 14, teniendo en cuenta que las empresas se van a ver obligadas a mantener sus plantillas durante seis meses. Una posibilidad sobre la que ya dudan muchos expertos y las organizaciones empresariales, más aún después de que el Ejecutivo pusiera en marcha medidas restrictivas para las empresas.

Unas medidas que lo que hacen, en la práctica, es endurecer el despido. Las extinciones que desde ayer quedan prohibidas tienen una indemnización de 20 días por año trabajado y una anualidad como máximo cuando el juez estima procedentes sus causas. De no ser así, la indemnización aumenta hasta los 33 días por año y dos anualidades máximo.

La sombra de la inconstitucionalidad ya planea sobre el decreto sindical. Expertos laboralistas han explicado a ABC sus dudas sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores con la herramienta del decreto. «Una ley en vigor no se puede vetar ni limitar por el Ejecutivo sin más, si no es con una nueva ley que la reforme», asegura una de las fuentes consultas. Añade que «un juez debe aplicar la ley en vigor, que mientras no se cambie, es la actual, lo más que puede hacer un juez es declarar el despido improcedente».

Liquidaciones y concursos

El presidente de Fomento del Trabajo y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez, dudó ayer la constitucionalidad del decreto y advirtió de que «atenta contra la libertad de empresa». Agregó que es una decisión «unilateral, gravísima e injustificada» que condenará a muchas empresas al concurso de acreedores y a la liquidación.

Sánchez Llibre añadió que «no podemos tolerar que se ponga en duda la honorabilidad de los empresarios y que se nos ponga bajo el foco del fraude por abusar del covid-19». «Quien genera trabajo son los empresarios y no el Boletín Oficial del Estado», concluyó.