Reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos el pasado mes de octubre.

Los ex abogados de Podemos Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, que trabajaban para el partido de Pablo Iglesias como delegado de Protección de Datos y como responsable de Cumplimiento Normativo del partido, respectivamente, denuncian haber sido relevados de su cargo como «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por estar investigando «graves irregularidades» en los asuntos de los que eran responsables, que afectarían, a varios «cargos internos», según denuncian en un comunicado.

En una carta dirigida a la cúpula del partido y filtrada a los medios, Carmona –que firma sola la misiva– advierte de una serie de «irregularidades muy graves» que podrían «comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional». Unas «irregularidades» que el partido habría cometido en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y «en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido», siempre según la versión que ofrecen los ex abogados de Podemos.

Según explica en su escrito, al que ha tenido acceso Ep, los abogados habían iniciado «expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación», y la respuesta de la dirección de Podemos fue «inventar acusaciones» contra Calvente «para justificar laboralmente su despido» y proponer la sustitución de Carmona «con la excusa de una reorganización de departamentos». Sin embargo, la versión de Carmona difiere: «El motivo del cese de don José Manuel Calvente ha sido un despido disciplinario por hechos inventados y rotundamente falsos para justificar el cese y el motivo de solicitar mi sustitución es la supuesta necesidad de ‘‘reorganizar los Equipos’’, pero la realidad de todo estos acuerdos es bien distinta».

La ex abogada defiende su trabajo de investigación y puntualiza que las «irregularidades» cometidas «por los miembros del partido» podrían conllevar «infracciones penales o administrativas». Advierte a la cúpula del partido de que «estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización».

Carmona avisa al partido también que «si finalmente resultara la existencia de delitos», se podría considerar que sus despidos «se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento». Critica que el partido ha intentado «doblegar» su voluntad y que el despido se produce para «intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación». De cara a formalizar el despido, Carmona asegura que ello «llevará inevitablemente a una demanda laboral y que en este caso la judicialización de los hechos traerá graves consecuencias para el partido puesto que saldrán irremediablemente a la luz hechos tremendamente comprometedores para algunos cargos internos y responsables del partido».

La misiva finaliza con la reclamación al partido por parte de la ex abogada de que la readmitan para continuar con sus investigaciones internas con el fin de «individualizar las responsabilidades que pudieran derivarse de estos actos, protegiendo al partido como tal». Señala que «la gravedad de estos hechos» puede terminar «afectando gravemente a la reputación de Podemos» y pide «adoptar las medidas y acuerdos necesarios» para ordenar al Consejo de Coordinación la reincorporación de José Manuel Calvente Redondo en su puesto de Delegado de Protección de Datos, al igual que, rechazar su sustitución como Responsable de Cumplimiento Normativo.