Las «7.000 rosas» asesinadas durante la represión republicana de las que el PSOE no se acuerda

«Hace 80 años, trece mujeres fueron fusiladas en Madrid por defender la democracia y la libertad. Carmen. Virtudes. Martina. Joaquina. Blanca. Ana. Pilar. Dionisia. Julia. Victoria. Adelina. Luisa. Elena. Que los nombres de las 13 Rosas nunca se borren de la historia», escribía el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su perfil de Twitter. Un homenaje al que se ha sumado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo («mujeres que pagaron con sus vidas la defensa de la libertad»), y el ministro de Exteriores, Josep Borrell («hoy debemos recordarlas. Olvidarlas sería su segunda muerte»).

Hermann Tertsch no ha tardado en responder a la vicepresidenta, recuperando la historia de las 14 monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción desaparecidas en noviembre de 1936 y cuya historia, al contrario que la de las «Trece rosas», no tuvo trascendencia hasta su reciente beatificación por parte del Papa Francisco. «A ver si Carmen Calvo se acuerda de estas monjas violadas y asesinadas como tantas otras por milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Ellas sí que eran realmente inocentes y no eran sospechosas de ningún crimen contra inocentes», interpelaba el periodista y eurodiputado de Vox en la misma red social.

El evento fue cubierto por ABC y por algunas cadenas de televisión como TVE. La polémica se desató tras un desafortunado tuit de la corporación pública, que dijo que las monjas a las que se estaba beatificando «desaparecieron en 1936 cuando se las llevaron de su refugio un grupo de milicianos». Ni el Gobierno, ni Pedro Sánchez ni Carmen Calvo tuvieron entonces palabras para aquellas religiosas, ni contra TVE por aquella manera de calificar su asesinato. Un tuit que le valió a la cadena las críticas de la Plataforma por una RTVE Libre y más de 2.300 comentarios como el del senador del PP Rafael Hernando: «Vejadas, maltratadas, violadas y vilmente asesinadas, pero según la indecente RTVE de Sánchez “desaparecieron” cuando al parecer las llevaban de excursión unos “amables milicianos”».

«Cuatro conventos birrias»

Este ejemplo no es más que una muestra de las pocas voces del PSOE que se han alzado, criticado o simplemente manifestado a lo largo de su historia contra la represión sufrida por la Iglesia que se gestó durante la Segunda República y la Guerra Civil. Prueba del odio y la impunidad con las que nació esta persecución son las declaraciones realizadas por Ramón María del Valle-Inclán al diario « La Luz», en enero de 1934: «Se ha dicho mucho sobre la quema de conventos, pero la verdad es que en Madrid no se quemaron más que cuatro birrias que no tenían ningún valor. Lo que faltó ese 14 de abril de 1931, y yo lo dije desde el primer día, fue coraje en el pueblo para no dejar ni un monumento en pie».

Esta postura del escritor gallego no fue ni mucho menos una excepción en los años 30. Los datos, además, no le dan la razón. No fueron «cuatro conventos birrias» los que se quemaron y saquearon al instaurarse el régimen republicano, sino muchos más. La violencia anticlerical que se desató en mayo de 1931 acabó realmente con más de un centenar de edificios religiosos en toda España, a lo que hay que añadir un número enorme de objetos del patrimonio artístico y litúrgico destruidos, muchos cementerios profanados y varios miembros del clero asesinados antes, incluso, de que estallara la Guerra Civil.

En Madrid, los disturbios empezaron con la inauguración del Círculo Monárquico Independiente fundado por el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, aquel mismo mes. De su sede en la calle de Alcalá se extendieron a la redacción de este diario, en la calle Serrano. Cuando la Guardia Civil impidió que una multitud republicana la quemara, empezaron a cargar contra conventos e iglesias. Al parecer, había llegado a oídos del Gobierno que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid estaban preparándose para, efectivamente, incendiar todo tipo de edificios religiosos. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, intentó sacar de nuevo a la calle a la Benemérita para impedirlo, pero se encontró con la oposición del resto del gabinete. El mismo Maura comentó en «La Luz» y en sus Memorias que Manuel Azaña aseguró en aquella reunión que «todos los conventos de España no valen la vida de un republicano».

«Clásica acción anticlerical»

Ante la pasividad del Gobierno, la violencia se desató. Julio Caro Baroja fue testigo de los acontecimientos, según contó en su «Historia del anticlericalismo español» (1980): «A las 12.00, 12.15 y 13.05, en la Dirección de Seguridad se recibieron avisos del Colegio de los Jesuitas de la calle de la Flor de que el incendio cobraba proporciones grandes. La gente pasaba, o medrosa o indiferente, por las proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello (y yo lo vi) no podía imaginarse que se desenvolviera así una clásica acción anticlerical. En una de las paredes ahumadas podía leerse: “Abajo los jesuitas. La justicia del pueblo, por ladrones”».

Tras este colegio ardieron pronto otros muchos edificios: el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas, en Cuatro Caminos; el convento de las Mercedarias Calzadas, en la calle San Fernando; la iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas Descalzos, en Plaza de España; el convento de las Bernardas, en Vallecas; la iglesia de Santa Teresa, el colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), entre otros.

Desde la capital, la violencia se extendió rápidamente a otras ciudades del sur y el levante. En Málaga quemaron nueve conventos y diez iglesias, además de saquearse otras veinte. Murieron cuatro personas. Y se repitieron ataques parecidos en Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Murcia y Alicante, así como en muchos pueblos de estas provincias.

La desaparición de los jesuitas

La cuestión religiosa se había convertido en un asunto fundamental para la Segunda República. Durante el Gobierno provisional ya se pusieron como objetivo el sometimiento de la Iglesia al Estado, la disolución de las órdenes religiosas, la prohibición de la enseñanza por parte de estas y la desaparición de la Compañía de Jesús. Esta última se produjo el 23 de enero de 1932, cuando el entonces presidente Azaña hizo llegar al ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba su «disolución en territorio español».

El decreto publicado al día siguiente por «La Gaceta» –órgano oficial del régimen– y ABC estipulaba la propiedad estatal de todos los bienes de esta congregación. A sus miembros les dio un plazo de diez días para abandonar la vida religiosa y someterse a la legislación, en virtud del artículo 26 de la nueva Constitución. Como explicaba el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, «desde los primeros momentos del régimen la Compañía fue objeto de animadversión y persecución».

De golpe se clausuraron 80 casas de la Compañía en España. Echaron el cierre a todos sus centros educativos y a sus obras sociales. Sus estudiantes tuvieron que exiliarse a Bélgica e Italia. «En muy pocos meses se fue cociendo la perentoria necesidad de disolver no solo la Compañía de Jesús, sino todas las órdenes y congregaciones religiosas. Especialmente las que más influencia tenían en el campo educativo y social», apuntaba en este diario el jesuita Alfredo Verdoy, autor de «Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la II República» (1995, Trotta).

Muchos de sus miembros tuvieron que refugiarse en un régimen de clandestinidad en una serie de pisos conocidos como «Coetus». Allí continuaron ejerciendo su ministerio en secreto. Esta decisión generó una profunda polémica en España que fue recogida por ABC. Hasta el Papa Pío XI llegó a proclamar, en 1932, que los jesuitas eran ya «mártires del Papa». Pero lo peor estaba por venir…

«Mirad lo que le hemos hecho a este cuervo»

La represión alcanzó límites aterradores al estallar la Guerra Civil con el asesinato de miles de curas y creyentes. Los primeros, por el simple hecho de serlo, aunque fuera en pequeños pueblos alejados del centro de poder eclesiástico; y los segundos, por la única razón de no querer deshacerse de sus crucifijos o renegar de su fe.

Gaspar Viana lo recordaba en este diario hace unos años. Cuando estalló la guerra en 1936 vivía en un pequeño pueblo de agricultores de Guadalajara, Peralveche, «donde no había ni fascistas ni rojos»: «Allí no sabíamos nada de lo que estaba pasando en Madrid, donde ya habían matado al ministro de Hacienda y quemado conventos. En Peralveche solo nos enterábamos de lo que pasaba en Peralveche, porque no había ni prensa ni nada». Sin embargo, poco antes de ser llamado a filas vio al cura de su pueblo huir disfrazado de segador y al párroco de Salmerón, un municipio cercano, esconderse en un molino. «Allí lo encontraron y se lo llevaron de nuevo a Salmerón, donde lo pasearon desnudo, con una cuerda atada a sus partes, mientras la banda municipal tocaba. Después lo subieron a mi pueblo y, en la entrada, le pegaron cuatro tiros y le cortaron las orejas. A continuación, los autores recorrieron el pueblo mostrando sus orejas y gritando: “¿Tenéis a algún fascista que os moleste? Porque mirad lo que le hemos hecho a este cuervo”».

Otra prueba de esta represión es el «Martirologio matritense del siglo XX» que publicó hace unos meses el arzobispado de Madrid. Según este, solo en la capital se asesinaron a 427 seminaristas y sacerdotes. Entre estos se encuentran las 14 Mártires Concepcionistas a las que hacía referencia Hermann Tertsch este lunes y que fueron beatificadas en la catedral de La Almudena. En el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro el 23 de junio, el Papa Francisco dijo de ellas: «Fueron asesinadas por odio durante la persecución religiosa que tuvo lugar de 1936 a 1939 […]. Su martirio nos invita a todos nosotros a ser fuertes y perseverantes, sobre todo en la hora de la prueba».

«¡Viva Cristo Rey!»

Como defiende el historiador José Luis Ledesma en su artículo « De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936» (Universidad de Zaragoza): «España se convirtió en lo más cercano a un infierno sobre la tierra para los miembros de la Iglesia que estaban en esa mitad del país donde no se había producido o no había triunfado la sublevación». Mientras Franco llevaba a cabo su golpe de Estado y su propia represión, no hubo tampoco provincia de la zona republicana en la que no se produjeran ejecuciones y torturas a miembros de la Iglesia o a simples creyentes, como es el caso de Ceferino Giménez Malla, alias « El Pelé».

Este comerciante gitano marcado profundamente por la religión católica fue detenido, en agosto de 1936, por un grupo de milicianos en Barbastro. La razón: salir en defensa de un joven sacerdote que estaba siendo golpeado y arrastrado por las calles de dicha localidad oscense. Al ser arrestado, El Pele llevaba consigo un rosario y fue condenado a muerte. Le ofrecieron el indulto si lo entregaba y renegaba de sus creencias, pero prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio. En la madrugada del 8 de agosto de 1936 fue fusilado con el rosario en la mano mientras gritaba: «¡Viva Cristo Rey!». «Su vida muestra cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y razas», dijo el Papa Juan Pablo II, en 1997, cuando le convirtió en el primer gitano beatificado de la historia.

Ledesma recogía otros muchos casos similares. El 5 de agosto llegó a Cercedilla un grupo de milicianos preguntando si se había «depurado» ya a los elementos «fascistas» y empezaron a buscar a los miembros de la Iglesia. Esa misma tarde fueron ejecutados dos sacerdotes, a los que siguieron otros 23 en la misma localidad madrileña. A diferencia del resto de asesinados, los sacerdotes no eran fusilados de noche y en algún paraje oscuro, sino a plena luz del día, en la Plaza Mayor, para que lo viera todo el mundo.

Cifras de muertos

Ese mismo día, en Vich, el deán de la catedral y vicario general del Obispado se entregaba a los republicanos al saber que lo buscaban. Tras ocho días en la cárcel, la noche del 13 de agosto era fusilado en la carretera de Sant Hilari Sacalm, con 89 años. Muy cerca de allí, en Teruel, medio centenar de padres, hermanos y novicios de la Orden de la Merced (Teruel) huían en tres grupos ante la llegada de los milicianos. Las dos primeros consiguieron llegar a la capital aragonesa, pero el tercero fue alcanzado y ejecutado también.

Al término de la Guerra Civil, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832. De ellos, 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas, según el estudio realizado por el historiador, periodista y ex-arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno. En el «Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX» de Vicente Cárcel Ortí se amplía esta cifra hasta los 3.000 seglares y 10.000 miembros de organizaciones eclesiásticas. Entre ellos estarían 13 obispos: los de Jaén, Almería, Barcelona, Tarragona, Ciudad Real, Lérida, Teruel, Guadix, Cuenca, Sigüenza, Orihuela, Segorbe y Barbastro.

Trece obispos que nunca fueron homenajeados ni recordador por Sánchez, Calvo o cualquier otro miembro del actual Gobierno socialista en funciones. Tampoco la 14 Mártires Concepcionistas ni ninguna de las otras cerca de «7.000 rosas» de la Iglesia española que fueron víctimas de la represión republicana y sufrieron el mismo destino que las 13 jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) fusiladas por la dictadura tras la Guerra Civil.