Policías sudaneses en Jartum, el 30 de junio de 2019.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital y otras ciudades de Sudán el último domingo de junio en rechazo a la gobernante junta militar de Abdel Fattah al Burhan, que derrocó al autócrata Omar al Bashir a principios de abril. Las autoridades locales han confirmado que al menos siete personas murieron en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y 181 resultaron heridos, 21 de ellos por armas de fuego.

Los manifestantes reclamaron un Gobierno civil de transición, corearon eslóganes a favor de la democracia, la paz y la justicia, y expresaron su desconfianza en el Consejo Militar de Transición (CMT) que orquestó el golpe bajo la promesa de unas elecciones democráticas y un Gobierno de transición con las Fuerzas por la Libertad y el Cambio.

Las protestas, descritas desde Sudán como las más grandes en la historia del país, coincidieron con el 30.º aniversario del golpe de Estado islamista de 1989, que derrocó al último Gobierno electo y elevó al poder a Al Bashir. Se produjeron 27 días después del asesinato por los militares de decenas de manifestantes en una sentada pacífica en la capital, Jartum, el 3 de junio, el último día del Ramadán y del cese de las negociaciones con las Fuerzas para la Libertad.

Sudán, dos meses después: del sueño de revolución a la pesadilla tiránica

Los médicos denunciaron 118 muertes y afirmaron que 40 cadáveres habían sido arrojados al río Nilo en un intento de ocultar su muerte aquel día. Cientos resultaron heridos y también se reportaron como mínimo 70 casos de violaciones, tanto de mujeres, como de hombres. El Gobierno, por su parte, solo reconoció 61 muertes.

Actualmente en Sudán falta agua potable, alimentos y medicamentos básicos. En la capital del país, así como en otras ciudades, tienen lugar asesinatos masivos, ejecuciones extrajudiciales, el saqueo de los bienes de la población civil, un drástico aumento de las violaciones, palizas en plena calles y otros actos de terror.

El agudo descontento social estalló en diciembre de 2018 a raíz de la mala situación económica y la política interna de Omar al Bashir que llevó al drástico crecimiento de los precios del combustible, el pan y la harina, el déficit de alimentos básicos y el aumento de la inflación, que aquel mes alcanzó el 70 %. En aquel entonces, cientos de sudaneses salieron a las calles.

Con el derrocamiento de Al Bashir el 11 de abril, los militares anunciaron el inicio de un período transitorio de dos años y la euforia de los manifestantes dio lugar a la decepción y la amargura cuando se percataron de que el Consejo Militar de Transición no se apresuraba en darles las prometidas libertades y derechos.

Los manifestantes decidieron continuar su protesta y organizaron una sentada pacífica frente al Comando General Militar en Jartum en lucha por un país gobernado por civiles, con representantes de la oposición, y no por militares. Tras semanas de conversaciones para lograr un acuerdo de Gobierno compartido, las partes no solucionaron sus diferencias y con el fracaso de las negociaciones, el 3 de junio las fuerzas sudanesas atacaron el campamento, asesinando a decenas de personas.
No se sabe con certeza qué tipo de fuerzas de seguridad sudanesas, que están fragmentadas, fueron responsables de lo sucedido. La Embajada de EE.UU. en el país africano atribuyó la responsabilidad al Consejo Militar de Transición, pero los testigos y videos desde el lugar de los hechos evidenciaron la presencia de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), conocidas por sus abusos y represiones contra civiles, que en las últimas semanas quemaron comercios y cometieron violaciones y asesinatos.

Con el inicio de las represiones, la junta militar desconectó Internet, que a día de hoy está disponible solo en algunos hoteles y otros pocos puntos, mientras la mayor parte del territorio de Sudán permanece desconectada. La ausencia de Internet impide que la información sobre lo que está ocurriendo traspase las fronteras nacionales.

Entretanto, la televisión local informa sobre el fracaso del movimiento opositor y desmoraliza a los manifestantes, mostrando a las mujeres con ropa de estilo occidental y hasta una confesión de un hombre, que afirmó haber participado en las protestas solo por alcohol y hachís. “No quieren que el mundo vea la verdad”, comentó a The New York Times el dentista sudanés Ahmed Babikir.

Los médicos, en peligro

El periódico mencionó la profesión de Ahmed no en vano: los médicos fueron la principal fuerza organizadora de las protestas de abril, cuando depusieron a Omar al Bashir, y lo hacían todo para que ninguna muerte ni lesión pasara desapercibida. Documentaban con detenimiento cada herida, hacían copias de los dictámenes médicos, ayudaban a los heridos y creaban movimientos clandestinos.

Ahora los representantes de esta profesión no están a salvo en Sudán. La ONG Physicians for Human Rights, que documentó extensos ataques contra los médicos por las fuerzas del destituido Al Bashir, anunció el 26 de junio que presentó ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU las evidencias de los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos en Sudán y ataques contra la infraestructura médica y el personal.

La comunidad internacional, muda ante el terror

Mientras el poder está en manos del Consejo Militar de Transición, la comunidad internacional observa el desarrollo de los hechos desde fuera. La ONU condenó el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante las protestas pacíficas e instó a facilitar una investigación independiente de las muertes, pero no se mostró favorable a intervenir en la situación, solo a reubicar a su personal en territorio sudanés.

La Unión Africana suspendió la membresía de Sudán y le prohibió participar en las actividades del organismo hasta que en el país se establezca “una autoridad civil de transición”, pero la Liga Árabe no siguió el camino de los países africanos.

Los esfuerzos de la Unión Africana y Etiopía para que los generales y los líderes de las manifestaciones regresaran a la mesa de negociaciones no dieron frutos.

Los acontecimientos de Sudán tampoco ocupan el centro de la atención mediática. Pese a la ausencia de una cobertura estable de Internet, la información desde las recientes protestas fue ampliamente compartida en redes sociales. El canal Al Jazeera también cubrió diferentes protestas pese al cierre de su oficina en Jartum.

En un grito de socorro, los usuarios lanzaron la campaña #BlueForSudan (Azul para Sudán) tras la muerte el 3 de junio del artista de 26 años Mohammed Mattar. Su color favorito era el azul, de ahí el nombre de la campaña.

Shahd Khidir, ‘influencer’ sudanesa residente en Nueva York, denunció en su cuenta de Instagram la masacre en su país, acompañada de “un apagón mediático y la censura de Internet”. Compartió mensajes que indicaron que en Jartum disparaban contra las viviendas de los civiles, violando a las mujeres, torturando a los residentes locales, quemando sus cuerpos, impidiendo a los musulmanes rezar e instalando el terror.

Uno de los mensajes fue de un testigo que narró un aterrador caso de violencia contra un grupo de manifestantes, a los que golpearon, ataron y e hicieron ver cómo violaban a una niña de seis años.

“No hay ningún medio de comunicación objetivo que comparta lo que está sucediendo, a excepción de Al Jazeera, cuyas oficinas fueron cerradas. Mi amigo Mattar fue asesinado por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mi mejor amigo se escondía el 2 de junio y fue la última vez que hablé con él. Estuvo desaparecido durante cuatro días y cuando me puse en contacto con él, dijo: ‘Me atraparon, me golpearon y abusaron de mí, me humillaron y arrestaron y confiscaron mi teléfono. En este momento estoy herido’. Y todo lo que pude hacer fue publicar esto”, escribió Shahd Khidir.