Las imágenes de la nueva jaimitada catalana no tienen desperdicio. Se trata del traslado esta semana de los nueve presos golpistas catalanes a cárceles catalanas tras concluir el juicio por el “procés” que durante meses se ha celebrado en el Tribunal Supremo.

El dispositivo no parece sin embargo que haya sido nada convencional. A su paso por uno de los tramos de la carretera en los que grupúsculos separatistas aguardaban el paso de los golpistas, al ex consejero catalán de la Presidencia Jordi Turull se le permitió asomarse por la ventanilla del vehículo policial de los Mossos y saludar triunfal a la chusma.

Nos preguntamos desde cuándo los presos pueden bajar los cristales de las ventanillas y hacer gestos ostentóreos a los viandantes. Pero estamos hablando de Cataluña, una tierra sin ley donde la ilegalidad se enseñorea del paisaje cotidiano. Ya puestos a buscarle punta al esperpento, proponemos que se mantenga esta insólita iniciativa y que se permita a los presos catalanes acudir disfrazados de palillonas a las cabalgatas de Reyes y que puedan lanzar caramelos y confetis a los niños desde vehículos policiales descapotados. Eso en el caso de que no hayan sido indultados para entonces.

Cada día que pasa da lugar a una nueva provocación a la democracia en la que se escudan; a un renovado desprecio al marco legal del que se aprovechan; a un salivazo escupido al honor de los españoles; a una bofetada en la cara de quienes son y se sienten hijos de una Cataluña huérfana, abandonada a su suerte por el resto de la Nación.

No resulta complejo comprender su frustración. Lo que está sucediendo en Cataluña desde hace ya varios años, y en particular desde el 1 de octubre de 2017, se estudiará algún día en las aulas como paradigma de la cobardía que puede llegar a mostrar un Estado soberano incapaz de hacerse respetar. ¿Cuánto más abusarán de nuestra paciencia los responsables de restablecer la plena vigencia del marco legal común en el que se ciscan diariamente el presidente Torra y sus secuaces? ¿Hasta cuándo se esconderán detrás de las togas a fin de eludir su obligación de actuar políticamente? ¿A quién deben dirigirse los catalanes privados de derechos elementales como el de emplear la lengua española, si el Gobierno llamado a defenderlos les da la espalda?

¿Cómo es posible que el separatismo haya tejido, con nuestro dinero, una formidable red clientelar en Europa que abarca desde periodistas hasta magistrados, pasando por políticos y poderosos grupos de comunicación, sin que el Ejecutivo español haya sido capaz de cortar en seco esa ofensiva o bien contrarrestarla con otra de mayor calado? No solo es incomprensible, sino intolerable hasta la náusea.

Las cruces amarillas sembradas impunemente por todos los rincones de Cataluña rubrican la defunción del orden constitucional en un pedazo de España. Señalan el lugar en el que descansan los restos de nuestra dignidad nacional, pisoteada por un «nacionalismo» envalentonado hasta el punto de alardear de su odio, exhibir un racismo obsceno y desafiar constantemente al Estado, sin dejar de poner la mano para recibir los cuantiosos recursos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica que pagamos los ofendidos a escote.