Esta semana España ha estado conmocionada por una trágica noticia: la muerte de Verónica, una mujer de 32 años que se suicidó el pasado sábado. Todo comenzaba unos días antes, cuando un video sexual que había grabado hace cinco años empezó a difundirse en su trabajo.

La mayoría de los 2.500 trabajadores de Iveco, empresa de automoción ubicada en la capital española, en la que trabajaba Verónica, vieron y difundieron el video. Algunos se acercaron hasta el departamento donde la joven trabajaba para comprobar de qué compañera se trataba. Otros miraban. Otros cuchicheaban. Todos sabían lo que pasaba. Y ella fue consciente desde el principio.

El jueves fue acompañada por algunos colegas del sindicato al que estaba afiliada a hablar con representantes de la compañía para hacerles saber lo que estaba sucediendo y comunicarles la presión y el acoso que estaba sintiendo. Desde la empresa se alegó que era un “asunto personal”. Aún así, se le ofreció un cambio de departamento o una baja temporal. La mujer no quiso denunciar. Pero sí informó de los dos compañeros de trabajo a los que había enviado el video y sostuvo que no creía que uno de ellos tuviera nada que ver con la difusión.

Pero sus preocupaciones aumentaban. Tenía el temor de que las imágenes llegaran a su marido. Después de grabar el video, la mujer comenzó una relación con su actual pareja, se casó y ahora era madre de dos niñas, de 3 años y 9 meses de edad. No sabía cuáles podían ser las consecuencias de que la grabación llegase a su hogar.

El viernes el archivo llegó a su esposo de la mano de su cuñada, también trabajadora en Iveco. Verónica se enteró y sufrió un ataque de ansiedad. Se fue a casa tras el trabajo y tuvo que ser acompañada debido al estado en el que se encontraba. Al día siguiente, sábado, encontraron su cuerpo sin vida. No había resistido la presión, el acoso, la humillación, el acorralamiento.

Los 2.000 implicados en su muerte

Todavía no se sabe quién filtró el video que provocó el trágico final. La hipótesis que ha circulado es la de que habría sido un antiguo amante, que lo tenía en su poder y lo utilizó para vengarse, porque quería que Verónica volviese con él y ella no aceptó. Aunque no está claro que sea la versión verdadera. Un exnovio, también trabajador en Iveco, ha acudido voluntariamente a declarar ante la Policía porque se sentía señalado. Ha negado ser el autor de la difusión y además ha facilitado su teléfono móvil para que los agentes puedan comprobar su versión.

Al principio fueron veinte los trabajadores de la empresa que recibieron las imágenes, pero durante la misma semana se calcula que llegó a los terminales del 80 % de la plantilla: unos 2.500 trabajadores. No se sabe cuantos colaboraron en la difusión, pero parece que casi ninguno o, al menos, no los suficientes, la frenaron o denunciaron.

Además, cinco días después del trágico desenlace y cuando todo el país conoce los sucedido, el fatídico video se ha convertido en uno de los más buscados en las páginas web de pornografía, como ha denunciado una usuaria de Twitter especialista en Igualdad.

Antecedentes en España

Lo sucedido con esta trabajadora ha impactado a la población española y ha hecho volver la vista atrás.

El primer caso conocido que viene a la memoria es el del conocidísimo periodista Pedro J. Ramírez. En el otoño de 1997, numerosos medios de comunicación y personalidades del país recibieron una cinta de video VHS con las imágenes tomadas por una cámara oculta en las que se podía observar al periodista manteniendo relaciones sexuales con una mujer. A pesar de ser recordado por todos más de 20 años después, el escándalo no hizo mella en Ramírez, que interpuso una querella y ganó el juicio. Además, su carrera profesional no se vio en absoluto lastrada. Hoy en día dirige el medio digital El Español.

Quince años tuvieron que pasar para que otro caso de igual o mayor envergadura fuera portada de todos los medios. Olvido Hormigos, la concejala de un pequeño municipio de Toledo, Los Yébenes, en el interior del país, era objeto de polémica. Alguien había distribuido un video sexual suyo sin su consentimiento. Ese alguien había sido su amante, a quien ella había mandado las imágenes.

Las escenas que se vivieron a continuación aún causan bochorno. Tras hacerse viral la grabación la concejala fue recibida por los vecinos de su pueblo entre abucheos e insultos: había visto violada su intimidad y aireada por todo el país, y era ella la menospreciada, en lugar de los autores.

Cambio legislativo

Pero fue precisamente el caso de Hormigos el que propició un cambio legislativo en España más que necesario. Si Pedro J. Ramírez consiguió ganar su querella fue porque las imágenes habían sido grabadas sin su consentimiento. En el caso de la edil de los Yébenes, no hubo condena, pues el Código Civil español no contemplaba como delito la difusión sin consentimiento cuando la grabación había sido voluntaria.

Ahora, la ley en España castiga con entre 3 meses y un año de cárcel, o multa de seis a doce meses, la difusión de imágenes sin autorización de la persona afectada, aunque hubiera dado su consentimiento para la grabación. Además, la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos sean cometidos por el cónyuge o persona que mantenga o haya mantenido una relación análoga.

El 30 de marzo de 2015 el Parlamento español aprobaba esta modificación y desde entonces se persigue penalmente esta conducta que muchos han dado en llamar ‘pornovenganza’.