La cruz que se erige en el Valle de los Caídos

LR.- «Empezamos luchando contra un gobierno frente populista y no vamos ahora a amilanarnos por el resultado de las elecciones», rezaba un comunicado de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al día siguiente de los comicios del pasado 28 de abril.

La entidad que preside el general Juan Chicharro es consciente de que se acerca el 10 de junio a las 10:00, fecha y hora previstas para exhumar a Franco, y el tiempo juega en contra, aunque se aferra, al igual que la familia Franco, a la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo sobre sus recursos –y los de la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos– para frenar el proceso.

Respecto a cómo afrontan los deudos de Franco ese horizonte con el PSOE revalidado en La Moncloa, Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los siete nietos del «caudillo», asegura que «igual que antes. Con absoluta tranquilidad y confiando en que el Supremo acordará la suspensión».

El traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos es una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno socialista y Pedro Sánchez podrá retomarla tras su victoria en las elecciones, aunque debe aclararse primero si podrá hacerlo sin oposición. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tiene que resolver los recursos presentados contra la decisión del Consejo de Ministros, que fijó la fecha para el traslado de los restos de Franco al mausoleo familiar en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

El Alto Tribunal tendrá que decidir primero si ordena la paralización cautelar de la exhumación antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Respecto a la posibilidad de que la Justicia ordene esta medida cautelar, el Gobierno considera que, en todo caso, la exhumación podría hacerse sin que ese acto tuviera «consecuencias irreparables», todo lo contrario de lo que alegan los recursos de la familia y la FNFF.

En este escenario, y un día después del 28-A, la Abogacía del Estado expuso ante el Supremo que, a su juicio, la Fundación Franco no está legitimada para pedir la suspensión del acuerdo para la exhumación, una consideración «absurda» para Utrera-Molina, «porque ha sido reconocida su legitimación por el Gobierno durante todo el expediente».

La Fundación Franco considera en cualquier caso que ejecutar el traslado de los restos antes de que el Poder Judicial «se haya pronunciado sobre el fondo» sería un delito de prevaricación. Sostiene además que «nada teme del Gobierno mientras el asunto está sub judice» y recuerda que el propio Tribunal Supremo ya se ha pronunciado (en un recurso contra otro acuerdo del Consejo de Ministros) en el sentido de que no se lleve a cabo la exhumación hasta que no se resuelvan las reclamaciones en contra.

Tras el anuncio de la Abogacía del Estado, la FNFF recordó que sus servicios jurídicos «están prestos a actuar contra cualquier pretensión» para «llevar a cabo la ilegal exhumación, toda vez que la misma está actualmente sometida a enjuiciamiento cautelar ante el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de la Nación, ante el que ni el propio gobierno es inmune del control de la legalidad de sus actos», como estipula la Constitución.

En palabras del general Chicharro, «es un hecho que desde que se pide la suspensión» [del acuerdo para mover el cuerpo de Cuelgamuros] «el Gobierno no puede ejecutar» el traslado. «Y menos aún sin permiso del prior», recuerda el presidente de la FNFF sobre otro actor crucial en este frente abierto: la Iglesia, representada por la abadía benedictina de la que depende la basílica del Valle de los Caídos. «Sigue la batalla», apostilla marcial el responsable del legado de Franco.

El Alto Tribunal podría resolver la pieza de medidas cautelares antes de que el próximo día 10 arranque la campaña de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.