El excomisario José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo.

El excomisario José Villarejo, en prisión desde hace más de un año por el caso Tándem -ayer la Sección Tercera de la Audiencia Nacional volvió a denegar su libertad por enésima vez-, pidió a principios de febrero al juez instructor, Manuel García Castellón, declarar sobre los viajes a Colombia de magistrados y fiscales tanto de ese órgano judicial como del Tribunal Supremo a países como Colombia en los que estas personas habrían sido grabadas cuando mantenían encuentros sexuales, también con menores. Además, solicita que también sean citados la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Baltasar Garzón, que según él estuvo en alguno aunque no participó en ese tipo de actividades. No ha recibido aún respuesta.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se refirió a este asunto en la comida que el 23 de octubre de 2009 mantuvo con su amigo y entonces juez Baltasar Garzón y la cúpula policial de la época. Aquella conversación fue grabada por Villarejo y en septiembre del año pasado se difundió. Delgado, en esa etapa fiscal de la Audiencia Nacional, relató un viaje a Cartagena de Indias en compañía de un grupo de miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal indiscreta

«Tenemos un viaje a Cartagena de Indias; íbamos una magistrada de la Audiencia Nacional y yo (…). Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de la Fiscalía General, catedráticos (…) y (…) “missing” en combate (…); intentamos quedar con ellos y nos decían que no». La juez y ella, según explicó en esa comida, se fueron a cenar «ella y yo solas, palabra de honor». Los varones se habrían ido a «tomar mojitos» a «no sé qué allí, un sitio que nos dicen que vayamos. Nos vamos allí las dos, estamos sentadicas las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General»… «Con unas tías de 17 años», completó otro de los comensales. «Menores de edad», añadió la ministra con énfasis. «Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron; empezaron con el agobio de que nos habían visto». Les dijeron que eran «camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué»…

En el momento de la filtración, ésta se atribuyó a Villarejo y se enmarcó en una estrategia de presión para conseguir su libertad. En febrero pasado el jefe de la trama Tándem pidió declarar por este tema y que también lo hicieran la ministra de Justicia y el juez Baltasar Garzón, «copartícipe de algunos de los viajes aludidos. Si bien es cierto -añade el recluso en su escrito- que el señor Garzón, aunque visitó en alguna ocasión algunos de los establecimientos espiados, nunca aceptó subir a las habitaciones a pesar de los ofrecimientos que tuvo al respecto». Afirma además que con el exmagistrado hizo «algunas de las gestiones» con él para recuperar el material.

Villarejo, quiere declarar «sobre las instrucciones recibidas de autoridades políticas y policiales y del CNI tendentes a confirmar la existencia de grabaciones de alto contenido sexual y otros (…) Grabaciones que al estar en manos de servicios policiales y/o inteligencia extranjeros habrían forzado a los afectados a actuar en contra de criterios de soberanía nacional».

El jefe de la trama relata en este sentido que «es mi intención apuntar todos y cada uno de los detalles de las operaciones de recuperación de dicho material comprometedor, datos que podrán, si es que existe voluntad de ello, contrastarse con el contenido de la documentación intervenida. En dicha documentación podrá identificarse claramente alguna de estas grabaciones comprometedoras donde se constatan encuentros con menores de uno y otro sexo». Por tanto, reconoce que ese material estaba en su poder pero no explica por qué lo conservaba si es que era el resultado de una misión oficial muy delicada que le había sido encargada por sus superiores.

Insiste el expolicía en que alguna de las grabaciones «se pudo rescatar, al menos copias, que no originales, que han podido terminar en poder de la DEA y/o otros servicios extranjeros», y quizá también en manos del CNI, cuyo director, Félix Sanz Roldán, como se sabe, es su enemigo número uno.

Mientras el excomisario espera la respuesta del juez a su petición, ayer la Sala decidió mantenerlo en prisión al considerar que persiste «el riesgo de fuga». «Los argumentos dados por los jueces a quo en los autos (…) se comparten plenamente por esta alzada, remitiéndonos expresamente a los mismos». La defensa justificaba su petición en el estado de salud de su cliente, la dependencia que tiene de su mujer y su hija y la falta de medios para poder huir del país.