Lazos amarillos en el Parlamento catalán.

Es una «demanda ridícula». Así entiende la Generalitat de Cataluña en manos de Quim Torra el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) por el que las instituciones públicas deben mantener «la neutralidad política durante los procesos electorales» y, por lo tanto, le exige que retire todos los lazos amarillos, carteles políticos y banderas independentistas de «cualquier edificio público dependiente de la Generalitat».

De esta manera respondió ayer Elsa Artadi, portavoz autonómica catalana y consejera de la Presidencia, al acuerdo de la JEC –a petición de Ciudadanos– y cuyo plazo para su cumplimiento finaliza hoy miércoles.

Además de considerar que la decisión de la JEC es «ridícula», Artadi también informó de que la asesoría jurídica de la Generalitat está trabajando en una «respuesta combativa» para evitar tener que cumplir lo ordenado por la JEC. «Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad», añadió la portavoz de la Generalitat, en alusión a dos palabras que los independentistas utilizan en sus pancartas para defender el procés.

La Generalitat tiene 20 días para recurrir en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que exigió el lunes por la tarde la retirada en un plazo de 48 horas de los lazos amarillos y de las esteladas de todos los edificios públicos. La JEC ha establecido que al ser un símbolo que representa a una ideología y a determinados partidos su utilización por parte de los poderes públicos rompe la neutralidad que se les exige sobre todo en periodo electoral.

Quim Torra está ante la primera decisión que le coloca en la línea roja de la desobediencia y la prevaricación si no acata el mandato de la JEC. Además de a una multa de entre 300 a 3.000 euros. Como presidente de la Generalitat es considerado funcionario público y esto le lleva a la franja más elevada de la sanción. Para los particulares las multas son de entre 100 a 1.000 euros.

Pero más allá de la posible sanción económica, lo más relevante es que un incumplimiento de la orden de la JEC iría acompañado de una catarata de denuncias civiles ante la Fiscalía –el PP y Societat Civil Catalana ya trabajan en ellas, por ejemplo–para abrir un procedimiento contra el presidente de la Generalitat por desobediencia y prevaricación. Previsiblemente antes la Fiscalía actuaría de oficio.Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán sus alegaciones ante el Supremo para ganar tiempo. Pero Torra y su «núcleo duro» saben que más allá de los pulsos en el discurso político, el incumplimiento de esta resolución del «juez» en periodo electoral puede terminar en la apertura de un proceso penal contra el presidente de la Generalitat.

El Gobierno catalán respondió ayer que prepara una «respuesta combativa» a la orden de la JEC mientras desde el Gobierno y otros partidos advirtieron a la Generalitat de que debe cumplir el mandato. La posibilidad de buscar un subterfugio para sustituir los lazos amarillos por otra señal a la que se dé un carácter simbólico está también encima de la mesa.Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió en la Cadena Ser de que si el Gobierno catalán no obedece a la orden de la JEC «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones». Borrell defendió la decisión de la JEC, «muy atinada», en su opinión, como también lo hicieron otros dirigentes políticos como la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que la consideró la orden «de sentido común». «Las plazas y las calles son de todos», señaló.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció la presentación de recursos similares al que motivó esta orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos del Gobierno catalán, esta vez ante las juntas de zona, para que obliguen también a los ayuntamientos a «permanecer neutrales».Una vez que acabe el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las Juntas Electorales Provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Por un hecho similar la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera «estelada» colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015, informa Ep.De momento, en el caso actual se abre un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.

Multa de 300 a 3.000 euros si se desoye el mandato

El atículo 153 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su artículo 1 que «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares». La norma también regula las multas por la publicación de encuestas o las infracciones electorales consistentes en la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales.