La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pronunciado este miércoles, durante la segunda jornada de juicio del ‘procés’, un discurso firme y contundente contra los alegatos de los abogados de los doce líderes catalanes que se sientan en el banquillo, que defendieron en sus cuestiones previas la utilización de esta causa judicial como medio de perseguir la ideología independentista. Frente a ello, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena reprochan a los letrados que se quiera sentar al Estado en el banquillo cuando el juicio es en defensa de la democracia.

El primero en intervenir ha sido Zaragoza, quien ha tildado los argumentos de las defensa de ser “auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad”, dirigidos a desprestigiar a la justicia española y, por ende, a “cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho” e intentando “sentar al Estado en el banquillo” de los acusados.

Zaragoza ha realizado estas consideraciones antes de argumentar su impugnación a todas y cada una de las cuestiones expuestas durante la jornada de arranque de la vista, en la que los abogados del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras -para quien el Ministerio Público solicita 25 años de cárcel- y del resto de encausados jugaron última carta para conseguir la nulidad del procedimiento.

Así, el fiscal abundó durante más de una hora de intervención en que las defensas utilizaron el trámite legal de cuestiones previas para “transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado”, que en este asunto no ha hecho más que “restaurar el orden político mediante el único instrumento en una sociedad democrática, que es la aplicación de la Ley”.

En este punto Zaragoza ha aludido a “esa mayoría social silenciosa de Cataluña, un 60 por ciento del censo electoral, que no participo en el referéndum ilegal del 1-O, así como al ataque a la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español.

“No es cierto, no es el independentismo lo que se juzga, no es al proyecto político, sino los gravísimos hechos que acaecieron en los meses de septiembre y de octubre”, ha insistido en varias ocasiones. Para ello ha recuperado el auto de procesamiento del juez Llarena que decía que los independentistas “no defendieron” su idea “por la vía pacífica” y a través de los cauces constitucionales, “sino por una reiterada desobediencia” e intentando impedir la función de los agentes policiales.

La violencia: Movilizar ciudadanos como “muros humanos”

La defensa de la actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad durante la jornada del 1-O también ha sido objeto en el discurso del fiscal. En este sentido, ha afeado a la defensa de Jordi Cuixart que haya comparado “el uso legítimo y proporcional” de los agentes policiales con “torturas”.

“Es un disparate jurídico de dimensiones importantes”, ha dicho, máxime cuando fueron los líderes independentistas los que “movilizaron a miles de ciudadanos como muros humanos e impidieron la legítima función policial”, que trataban de dar cumplimiento a un mandato judicial de impedir el referéndum declarado ilegal. Ha añadido que en esa jornada tan sólo hubo dos heridos graves, pese a las cifras que dio la Generalitat de Cataluña.

Crítica al tribunal alemán

Zaragoza se ha referido igualmente durante su intervención a la “doble intromisión” del tribunal alemán que rechazó la entrega del expresident huido Carles Puigdemont por el delito de rebelión. “Ha incumplido la ley sobre aplicación de la orden europea de detención” porque “creyó que podría enjuiciar los hechos”, ha agregado.

Zaragoza ha concluido su intervención enfatizando que “no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que fue revertida por el Estado”.

Seguidamente ha intervenido su compañero Fidel Cadena, que en un tono algo más sosegado, aunque sin perder contundencia, ha utilizado su intervención para centrar el debate jurídico de esta causa criminal, que pivota sobre el incumplimiento claro de la Constitución por parte de los acusados y en el uso de vías violentas para conseguirlo.

Al igual que su compañero, ha incidido en esta causa no se persigue una ideología, sino “comportamientos tipificados en el Código Penal” que llevaron a una situación en la que al final se recurrió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque “no existía otra manera de volver a la legalidad”.

Ha incidido también en que “no hay una soberanía catalana, sino una soberanía española” que reconoce la Constitución y que se vio gravemente conculcada con las leyes de desconexión que éstos impulsaron en septiembre de 2017 en el Parlament de Cataluña.

Lo que se juzga en este procedimiento, ha añadido, es “un plan concertado, minucioso y pluriconvergente” en el cual se creó “una legislación paralela que dio a la gente la idea de que los derechos que se proclaman fueron totalmente lícitos”.

Así, ha añadido que “no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos”. “Segovia no es de los Segovianos ni Zaragoza de los Zaragozanos, ni Cataluña de los catalanes independentistas, sino de todos”, ha afirmado.

La gravedad de las leyes de desconexión

El fiscal ha realizado ante la sala un análisis del contenido de las leyes de desconexión cuyo impulso constituye parte de la acusación contra los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo, por impulsar mediante estas normas de “aventura” de declarar un Estado propio en Cataluña en forma de república y no supeditado a las decisiones del estado español.

Todo ello constituye a su juicio un “ataque abierto al orden constitucional” y “desborda por completo”, entre otros, el artículo 9 de la Carta Magna que consagra el respeto a la ley. “La soberanía reside en el pueblo español, y esto es un valor absoluto que no se puede sustituir por la soberanía de los pueblos que lo integran”, ha indicado.

Todo esto, ha explicado el fiscal, es lo que ha llevado al juez instructor y al tribunal a mantener a nueve de los exdirigentes catalanes acusados en prisión provisional, debido a la “pluralidad de actos de delito durante un largo periodo de tiempo” por parte del Govern y el Parlament, “con incitaciones directas a la ciudadanía” con el objetivo último de “derogar la Constitución” en Cataluña.

A la gravedad de los delitos de los que se les acusa, ha apuntado Cadena, se unen los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que los magistrados han confirmado que han existido durante todo el procedimiento.