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En España se dedican menos de 8 euros al año a ayudas por cada mujer embarazada. Así lo asegura el último «Mapa de la Maternidad 2017» presentado hoy por la Fundación RedMadre. Pero hay más cifras: el Estado financia el 100% de los abortos que se producen en nuestro país con un coste anual de unos 34 millones de euros, mientras que destina 3,6 millones a las embarazadas, ayuda esta última que se redujo un 24% respecto al año anterior.

Amaya Azcona, directora general de Fundación RedMadre, advierte de que de cada diez euros que el Estado gasta en una mujer embarazada, uno se dedica a su gestación y nueve a financiarle el aborto. «España es un desierto en ayudas a la maternidad. En nuestro país una mujer embarazada no recibe asistencia, solo cuando está en una situación de exclusión social obtiene apoyo, pero no por el hecho de su estado de gestación, sino por sus dificultades económicas, circunstancias ajenas a su decisión de convertirse en madre. Por ello, desde nuestra fundación solicitamos que se ofrezcan medidas de apoyo a la maternidad, tenga la mujer una situación de vulnerabilidad o no».

Protocolo específico

Matiza, además, que habría que definir qué es un estado de vulnerabilidad, puesto que considera que bajo este paraguas habría que contemplar a chicas jóvenes que por esperar un hijo pierden su curso académico, a aquellas que no tengan papeles legales para estar en España, las que han sido abandonadas por su pareja tras conocer la noticia de que van a ser madre, las que tienen muchas posibilidades de perder su empleo… «Por todo ello, desde la Administración Pública, los centros de salud, los ayuntamientos, las consejerías de familia de las Comunidades autónomas…, se deben establecer unas medidas de asistencia y un protocolo específico para que estas mujeres no se sientan abandonadas y su maternidad no se vea amenazada. No tiene ningún sentido que en los centros de salud exista un protocolo para aquella mujer que desea abortar, pero no para las que tienen dudas sobre si seguir adelante o no con su gestación y demandan ayuda», advierte Amaya Azcona.

Entre sus peticiones insiste en crear medidas activas. «Se requieren más pisos de acogida, becas para que las mujeres jóvenes puedan continuar con sus estudios, una mayor defensa legal de su situación… Efectivamente, esto requiere un presupuesto, pero no es muy costoso para las Comunidades Autónomas. Aun así, también hay mucho por hacer con medidas que no suponen coste: no penalizar a la mujer en su puesto de trabajo cuando comunica que está embarazada, posibilidad de que les aplacen los exámenes en las universidades si les coincide con el parto o pruebas médicas, aumentar el número de zonas de lactancia…».

La directora general de Fundación RedMadre lamenta que no se conceda a la maternidad toda la importancia que tiene «ya que es un bien personal, pero también social, sobre todo en estos momentos en los que España sufre un problema demográfico muy relevante por la falta de nacimientos. Las medidas de apoyo a la maternidad deben ser, sin lugar a dudas, una estrategia política que debe ir más allá de cualquier ideología. Hace falta una política global».

«Todos, sin excepción»

Para Adolfo Suárez, presidente de la Fundación Concordia y Libertad, no hay duda de que la maternidad debe ser apoyada, y que «el aborto no es un derecho, es un fracaso de la sociedad». Puntualiza que el artículo 15 de la Constitución establece que «Todos tienen derecho a la vida…» y «cuando se dice “todos”, no cabe excepción».

En su opinión, en un país tan avanzado como España, «ninguna mujer debería abortar por motivos económicos, sociales, familiares o culturales». El Estado –prosigue– «debe ser ese brazo fuerte en el que encuentre apoyo el débil. Toda la sociedad debería implicarse en este asunto. Ninguna vida puede perderse por ello. Por este motivo, soy partidario de una ley de protección a las mujeres embarazadas que recoja todas las medidas de apoyo».

Añade que la experiencia de los psicólogos demuestra «que las mujeres que se enfrentan a este dilema tienen que elegir entre ser madres de un niño vivo o madres de un niño muerto. Un trauma que, en la mayoría de los casos, les acompañará el resto de sus vidas. Deberíamos plantearnos, incluso, que las mujeres que no pudieran, por el motivo que fuera, hacerse cargo de sus futuros hijos, tuvieran la seguridad de que el Estado se hará cargo de ellos».

En la misma dirección se manifiesta María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III y miembro del patronato de RedMadre, al asegurar que 9 de cada diez mujeres que llegan a RedMadre deciden continuar con su embarazo por recibir soporte. El aborto «no es la solución y la sociedad no puede apostar por esta opción para “quitarse el problema de encima”». Explica que es un grave error condicionar a las mujeres vulnerables «que son muy manipulables y explicarles que tienen derecho al aborto cuando, en realidad, no existe ninguna ley que especifique este derecho. Es más, lo que si está tipificado es el derecho a la dignidad humana».

El papel del padre

María Calvo matiza que este asunto no solo atañe a las mujeres, también a los padres de su futuro hijo, puesto que el 40% de las embarazadas que llegan a la Fundación RedMadre lo hacen acompañadas de sus parejas. «Es necesario romper también una lanza a favor de los padres, a los que el Estado debe apoyar con el propósito de que puedan ejercer su paternidad. El rol de los padres es fundamental, sobre todo porque la verdadera liberación de la mujer se produce con una adecuada implicación de los padres», concluye.

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