El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy en el Congreso

El nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos «estará listo» en 2019. Así lo aseguró este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta a una pregunta de su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la sesión de control en el Congreso. Sin embargo, la confusión sobre cuándo comenzará a aplicarse realmente el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se mantiene.

Y es que si en un primer lugar el Ejecutivo quiso tranquilizar a este colectivo -preocupado por una posible subida de la base mínima del 23,5% acorde al alza salario mínimo- anunciando que en enero ya entraría en vigor el nuevo modelo de cotización por tramos en función de los ingresos reales de cada trabajador por cuenta propia, posteriormente lo aplazó hasta 2020 y en su lugar prometieron no tocar las bases mínimas.

Lo que el Gobierno tiene claro es que quiere que el nuevo sistema se aplique «lo antes posible», según fuentes del Ministerio de Trabajo, que confía en que pueda hacerse « a lo largo de 2019» y no haya que esperar un año más. Así, desde el Departamento dirigido por Magdalena Valerio se han comprometido con las asociaciones de autónomos a tener encima de la mesa una propuesta concreta durante el primer trimestre del año, para que puedan analizarla y, posteriormente, pase también a debatirse en la comisión del Pacto de Toledo, según indicaron fuentes cercanas a la negociación. Por eso, el colectivo descarta que pueda ponerse ya en marcha a mitad de año y ven «más razonable» que sea ya en 2020.

Lo que sí se aclaró algo más es que este sistema sí implicará de forma generalizada una subida de las cuotas de cotización. Así, si Sánchez negó a Rivera hace apenas unos días que fueran a hacerlo («No vamos a subir las cuotas de los autónomos, subimos los impuestos a los pudientes», le espetó también en el Hemiciclo), en esta ocasión sí admitió que tendrán que pagar más para poder mejorar sus prestaciones. «Vamos a dignificar las pensiones de los autónomos y la única forma de conseguirlo es que coticen por mejores bases», reconoció el presidente, que puntualizó que se hará «con un poco más de cotización ajustada a sus ingresos reales».

La idea del Gobierno es implantar un sistema de cotización por tramos en función de los ingresos reales que tenga este colectivo -casi nueve de cada diez cotizan por la base mínima, que se sitúa en los 932,7 euros al mes- y, a su vez, establecer como obligatorias prestaciones que en la actualidad son voluntarias: las contingencias profesionales, el cese de actividad y la formación profesional.

La propuesta de Podemos

Lo que sí ha prometido el Gobierno es un tratamiento «especial» para aquellos emprendedores cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, algo que este miércoles reiteró la ministra. «No puede ser que ahora haya personas que tengan un rendimiento de 200 euros al mes y tengan que pagar una cuota de unos 300 euros», denunció Valerio también en el Congreso.

A este respecto, Iglesias recordó al presidente que en el acuerdo presupuestario que firmaron se recogía la «garantía» de una «cotización más baja» para los autónomos con menos ingresos. Concretamente, el líder de Podemos desveló que su partido les pidió que dejaran «atada» una bajada de la cuota del 50% para los que ganan menos de 6.000 euros al año y del 35% para los que están entre los 6.000 euros y la base mínima.

La propuesta que defienden ATA y UPTA es una bonificación al estilo de la tarifa plana de 50 euros durante un máximo de dos años para aquellos que ingresan menos que el SMI. Y sobre esto se pronunció este martes la Cámara Baja, que -tras aprobar una proposición no de ley presentada por Ciudadanos- reclamó al Gobierno mantener la tarifa plana actual para los nuevos emprendedores y crear una «nueva bonificación» que fije una cuota de 50 euros al mes para los que no alcancen el salario mínimo, que se reduciría a 30 euros para los menores de 30 años o aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 33%. Esta reducción sería prorrogable anualmente de manera indefinida siempre y cuando acrediten sus ingresos.

A su vez, el Congreso instó al Ejecutivo a que no suba ninguna base de cotización a este colectivo hasta que no tenga lista la reforma del RETA, para lo que le da un plazo máximo de un año.