El Tribunal Supremo (TS) resolverá el próximo 5 de noviembre sobre la controvertida sentencia de la semana pasada que atribuía a la banca el pago del impuesto de las hipotecas, según se acordó este lunes en una reunión extraordinaria con el presidente de la institución, Carlos Lesmes.

Tras conocerse que el Supremo se ha dado dos semanas de plazo para revisar el fallo, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, José Luis Martínez Campuzano, ha dicho que hasta conocer la postura final, “cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su propia política comercial”.

De momento, los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas, a la espera de que el alto tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos.

Asimismo, algunas entidades están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios, y tampoco están ofreciendo esta información en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas que ya estaba prevista.

El portavoz de la AEB señala que no se puede afirmar que la venta de hipotecas esté totalmente parada, por mucho que algunos bancos hayan retirado su oferta de la web.

La reunión mantenida este lunes entre Lesmes y los seis magistrados de la sección tercera de lo Contencioso Administrativo que redactaron la sentencia constituye un caso inédito, así como el hecho de que se revise en un pleno.

El impacto para el sector financiero, en caso de que se confirme que deben hacerse cargo del impuesto, es enorme, y ya provocó un desplome de la cotización bursátil el día que se conoció el fallo, mitigado en parte al día siguiente, cuando el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, informó de que dada la “enorme repercusión económica y social” del fallo se estudiaría su aplicación.

Y es que la sentencia constituía un “giro radical”, según el propio Díez Picazo, respecto de la doctrina anterior del Supremo, que en febrero estimó que eran los hipotecados quienes debían hacer frente al impuesto.

El coste que puede tener para las entidades financieras asumir este gravamen no está claro, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.

Esa es la cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal Supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo; en una nota, Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal, y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Jueces y magistrados ya han manifestado su sorpresa ante una decisión que, creen, pone en entredicho la independencia del Poder Judicial; en este sentido, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha solicitado la dimisión del presidente de la Sala.

Más allá del alto tribunal, la polémica sobre los actos jurídicos documentados ha llegado al Congreso de los Diputados, donde Izquierda Unida ha registrado su petición para que Lesmes explique “con urgencia” la paralización exprés de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas.

Para su portavoz, Alberto Garzón, la medida dictada el pasado viernes, apenas un día después de que se conociera la nueva doctrina, demuestra la capacidad de la banca “para intervenir ante las instancias públicas”.

Los consumidores ya han comenzado a informarse de sus derechos en asambleas como las organizadas por la asociación Adicae, que este fin de semana ha manifestado su “hastío” frente a los abusos bancarios en las calles de 27 ciudades.

Mientras, la cotización de los bancos volvía a acusar la dilación en la decisión del Supremo, ya que si bien las entidades financieras comenzaban la sesión con avances, tras conocerse la prorroga de dos semanas que se ha concedido el tribunal, se imponían los números rojos.

Unos 30.000 afectados en Aragón

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, cifró la pasada semana en 30.000 los expedientes afectados en la Comunidad en los últimos cuatro años por la sentencia del Tribunal Supremo. Asimismo, indicó que la Comunidad ha ingresado 90 millones de euros por ese impuesto en el periodo indicado.