Las cifras de la corrupción que salpica a la Junta de Andalucía: 500 investigados y 5.000 millones bajo lupa

El traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad. Una maquinaria con un potencial enorme para distribuir fondos públicos en una región que arrastra graves carencias estructurales, un débil tejido industrial y una tasa de paro que, con o sin crisis, está diez puntos por encima de la media nacional.

ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe… El goteo de casos que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose. Poco conocidas por la opinión pública, sólo se abren paso en los telediarios cuando en los sumarios aparecen las andanzas del «chófer de la cocaína» o los pagos de casi 32.000 euros en prostíbulos con tarjetas oficiales de la Faffe, la fundación pública bajo sospecha que la Junta regó con 252 millones en subvenciones para la formación de parados.

En esta causa hay 23 investigados, entre ellos Fernando Villén, que vinculó su ruta por los clubes de alterne a su «actividad comercial» como director de la entidad.

El quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de algunos de sus protagonistas. El dinero público bajo la lupa de losjueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las alcantarillas del poder.

En el fraude de la Formación sólo se han devuelto 14,8 de los 149 millones de euros distraídos a las arcas y cuyo reintegro pide la Junta. En los ERE, aún menos: 6,7 de los 855 millones en los que cuantificó el supuesto saqueo el juez que ha llevado al banquillo a los jefes del Gobierno andaluz durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los expresidentes y 20 ex altos cargos están siendo juzgados por diseñar y perpetuar durante más de una década (2000-2011) un sistema «opaco» y discrecional de reparto de subvenciones.

La rama política de los ERE es la que más eco mediático ha tenido y la única que se está enjuiciando en la Audiencia de Sevilla casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya abriera esta macrocausa al descubrir los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja Mercasevilla financiado por la Junta.

Hay medio millar de imputados con causas abiertas por corrupción que afectan a fondos gestionados por la Autonomía. El millón largo de folios que compone la causa matriz de los ERE, que lo convierte en uno de los sumarios más extensos de la historia judicial española, acumula en torno a 130 piezas separadas (la mitad de las 270 previstas por la Fiscalía) y unos 300 investigados, incluso después de la poda realizada en el último año. La juez que sustituyó a Alaya, María Núñez Bolaños, está exculpando a ex cargos que dieron o pagaron ayudas, que sólo serán juzgados en la rama política.

Hay tres piezas cerradas y otras tantas pendientes de recursos. Entre las diligencias separadas se halla la que afecta a las sobrecomisiones cobradas, entre otros, por el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según confesó su madre a los agentes.

«Compra de votos»

Los sumarios que indagan en el fraude de los cursos están diseminados por varios juzgados andaluces. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que realizó más de cien detenciones en el Caso Edu, los cursos sirvieron para la «compra de votos», un caso patológico de «clientelismo» que intuyó la juez Alaya y puso de manifiesto en sus autos.

A pesar del revuelo que causaron las tumultuosas redadas llevadas a cabo en todas las provincias andaluzas durante 2014, la mayoría de las causas avanzan a paso lento. Otras han sido archivadas porque la cuantía de la ayuda no pasa de los 120.000 euros donde está el tope de la conducta punible.

Uno de los procesos más sonados tiene como protagonista al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, cuyas empresas captaron 52,6 millones de euros destinados a cursos para desempleados. La Policía sitúa al antiguo político en «la cúspide» de «todo un entramado empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número posible de subvenciones de la Junta» y para «enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos».

Ojeda, en cambio, alega que los cursos fueron su «ruina» y que todos los cursos se impartieron y se justificaron. El exconsejero recibió 33 millones en ayudas excepcionales para formar y contratar a 1.900 extrabajadores de la fábrica de Delphi, en Cádiz. Chaves había hecho una promesa electoral a los exempleados –«no os vamos a dejar tirados»– que acabó costándoles 106 millones a los andaluces. Esta causa acumula 33 investigados.

Facturas falsas de UGT

La corrupción vinculada a los cursos es una hidra con muchas cabezas. La que más retraso acumula es la de las facturas falsas de UGT, abierta hace cinco años. En esta presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones (se analizan 100,3 millones) y destinarlas a su financiación están imputados desde 2014 dos ex secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, junto a 16 personas más.

Al calor de los fondos para combatir el paro, hasta los políticos hicieron negocio con la burbuja de la formación. La Junta de Andalucía concedió 730.000 euros a la academia que regentaba la mujer del entonces «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Parte de una ayuda de 41.296 euros se empleó en pagar la luz de su vivienda. La juez Núñez no vio indicios penales en ello y archivó estas diligencias, pero tiene otras abiertas.

El empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña echó la red a otros 24 millones de euros procedentes de planes estatales que gestionó un alto cargo autonómico, Antonio Perales, y que iban destinados a reindustrializar la Bahía de Cádiz, faro del paro nacional. Siete años y medio después, la instrucción acumula 31 investigados, pero el dinero se ha evaporado.

El juez Juan Gutiérrez Casillas investiga en el Caso Marismas, entre otros, al diputado andaluz y exdirector general de Regadíos de la Junta, José Luis Sánchez Teruel (PSOE), por una posible malversación en un plan para modernizar el regadío de la marisma sevillana que se justificó y nunca se hizo. Se pagaron 18 millones con fondos europeos en materiales como tuberías que no se suministraron. Otra riada de dinero público que se escapa por el sumidero de la corrupción.