Sede de la Comisión Europea.

La Comisión Europea duda de las cuentas del Gobierno español para 2019 y enviará una carta en breve pidiendo más explicaciones.

Esto no quiere decir que el Ejecutivo comunitario vaya a tumbar los presupuestos -eso jamás ha ocurrido antes en la Unión Europea- pero sí que en Bruselas necesitan más explicaciones para poder creérselos.

Los recelos del Ejecutivo comunitario se centran sobre todo en las cifras de recaudación, según explican fuentes comunitarias conocedoras de la situación, que señalan que va a haber más países que reciban este tipo de misivas (Italia entre ellos, pero no solo). El próximo envío de la carta, probablemente esta misma semana, ha sido adelantado por ‘El Español’.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez envió el pasado lunes el borrador de plan presupuestario para el año que viene. Este incluía el incumplimiento de los objetivos de déficit nominal (que sería del 1,8% en lugar del 1,3% del PIB), pero prometía un ajuste estructural neto de 5.000 millones de euros. Al encontrarse España ya por debajo del tope del 3% de déficit, los 5 millardos de esfuerzo estructural serían suficiente para que la Comisión aprobara las cuentas españolas sin problema. El problema es que en la capital europea no salen esas cuentas.

“Si hay dudas se envía carta”, aseguran estas fuentes, que no acaban de ver claro que el Gobierno vaya a recaudar todo lo que dice que va a ingresar de más, especialmente con las previsiones de los impuestos sobre servicios digitales, las transacciones financieras o las cotizaciones extra para la Seguridad Social por subir el salario mínimo.

“Esas medidas generan dudas”, continúan las fuentes, que subrayan que es por eso se piden más explicaciones. “[Tener] Más datos ayuda”, concluyen.

Cuando el Gobierno reciba la carta tendrá un plazo para responder a las dudas de la Comisión y dar explicaciones. Lo que suele pasar en estos casos es que el Ejecutivo al que le han cuestionado las cuentas se reafirme en sus cálculos, pero añada que adoptará las medidas que sean necesarias a lo largo del año si hay desvíos. Y eso suele ser suficiente para aplacar los ánimos en Bruselas.

Según el vademecum del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un documento de 220 páginas que explica cómo deben aplicarse las normas fiscales europeas, estas cartas se envían cuando la Comisión ve riesgo “de incumplimiento particularmente serio del PEC”. Entonces inicia un contacto con ese Gobierno para aclarar la situación. Esa sería la fase actual.

En caso de que la respuesta del Ejecutivo afectado confirme esa percepción de riesgo, la Comisión estaría obligada a tumbar los presupuestos. Pero lo normal es que esto no ocurra. De hecho, no ha ocurrido nunca.

Está por ver qué pasa este año con Italia, cuyo Gobierno ha enviado unos presupuestos que incumplen directamente con lo que pide Bruselas. Y ese es un matiz importante. Al menos políticamente, no es lo mismo incumplir porque no te da la gana, que decir que tú sí respetas las normas, pero que discrepas respetuosamente de las previsiones que hace la Comisión y que al final del ejercicio veremos quién tiene razón.