Miguel Ángel Aguilar en una imagen de archivo.

CPV.- El Fiscal del Odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar destaca que se podría evitar «el rigor de la redacción actual del precepto que obliga a aplicar penas mínimas de dos años y seis meses de prisión, proponiendo la posibilidad de que se contemplen también de forma alternativa, bien penas de prisión de inferior duración a las ya previstas o penas diferentes a la prisión como multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad, como por ejemplo la obligación de visitar uno o más memoriales del Holocausto o desempeñar alguna tarea compensatoria para el grupo de personas afectadas por el uso del discurso de odio».

Pedro Varela se pasó 15 meses de prisión gracias al artículo 510 del código penal, ahora, con visitar unos memoriales del llamado “Holocausto” ya habría cumplido condena.

El Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona constató el año pasado un incremento de delitos relacionados con la vulneración de derechos por ideología y religión en Cataluña a partir de los atentados de Barcelona y Cambrils que hicieron aumentar «las denuncias por hechos relativos a los ámbitos étnico, origen nacional o racial y el ámbito religioso» y después «debido a la situación política acaecida en Cataluña a partir del mes de octubre se produjo un incremento en el número de hechos recogidos en el ámbito orientación política.

El número máximo de hechos recogidos se produjo en noviembre con 35 episodios.

Así lo indica la memoria de actuación de este Servicio, que coordina el fiscal Miguel Ángel Aguilar, en la que se detalla que en 2017 se registraron 291 procedimientos judiciales -de ellos 212 tramitados diligencias previas- frente a 225 procedimientos en 2016 y 136 en el año 2015, lo que supone en dos años un incremento del 110% en el número de causas motivos de odio y discriminación.

El año 2017 ha supuesto un «aumento ostensible» en la carga de trabajo para el servicio, una tendencia que arrancó ya en los últimos ejercicios y que en éste viene motivada, entre otras razones, por el incremento de denuncias por hechos delictivos cometidos a raíz de los atentados terroristas del mes de agosto en la ciudad de Barcelona y en la localidad de Cambrils, «particularmente contra la población musulmana», pero también y muy considerablemente como consecuencia de «la elevada polarización que ha sufrido una parte de la sociedad catalana a raíz del proceso político independentista de ruptura constitucional materializado a partir del mes de septiembre de 2017». En este sentido, el fiscal llama la atención por que el segundo motivo de discriminación más numeroso en los atestados y en los procedimientos judiciales registrados sea la orientación ideológica.

Asimismo, la Fiscalía pasó de abrir 33 investigaciones en 2015 a 68 el año pasado, lo que supone «un incremento del 105% de diligencias incoadas» relacionadas con esta tipología delictiva. También aumentaron un 115% de los escritos de acusación del Ministerio Público en dos años, de 23 a 68, y de las sentencias dictadas por los juzgados penales, de 65 en 2016 a 86 en 2017. Por eso, el fiscal remarca que el crecimiento de la cifra de diligencias de investigación y de procedimientos judiciales que asume este servicio está comportando desarrollar las funciones «en condiciones gravosas y de sobreesfuerzo», razón por la cual la Jefatura de la Fiscalía de Barcelona ya adoptó en el trimestre comprendido entre septiembre y diciembre medidas provisionales como la exención al Fiscal Coordinador de realizar los servicios generales de la Fiscalía. Con todo, la Fiscalía teme que el aumento de trabajo «es un problema que tiene carácter estructural y permanente», por lo que insta a refozar el Servicio.

Rebaja del castigo

La Memoria también propone una modificación del «severo régimen punitivo previsto en el artículo 510 del Código Penal de forma generalizada para todos los hechos» y sugiere que se adapte a la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la recomendación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa. En este sentido, el fiscal considera que se debería cambiar el castigo o bien poner una alternativa en los delitos de «difusión pública de mensajes o contenidos que, si bien objetivamente de forma pública fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente, al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, no obstante, por su contexto, contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor, tienen menor entidad y no han de tener un reproche tan elevado», como los relacionados con los comentarios por las redes sociales.

En este sentido, el fiscal destaca que se podría evitar «el rigor de la redacción actual del precepto que obliga a aplicar penas mínimas de dos años y seis meses de prisión, proponiendo la posibilidad de que se contemplen también de forma alternativa, bien penas de prisión de inferior duración a las ya previstas o penas diferentes a la prisión como multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad, como por ejemplo la obligación de visitar uno o más memoriales del Holocausto o desempeñar alguna tarea compensatoria para el grupo de personas afectadas por el uso del discurso de odio».

También reclama una «mayor profundidad en la formación de todos aquellos profesionales que de una forma u otra participan en funciones de seguridad o Justicia, particularmente cuerpos policiales, carrera fiscal y carrera judicial a fin de garantizar una eficaz y rápida investigación y enjuiciamiento de los delitos motivados por odio o discriminación así como una adecuada atención a las víctimas de los mismos». Para superar «las dificultades de interpretación que plantean los diferentes tipos penales que afectan a los comportamientos motivados por odio y discriminación», la Memoria considera necesaria una circular para unificar criterios, ya que «sería una gran herramienta de trabajo para afrontar denominado discurso de odio pero también algunos casos que se han planteado en la Fiscalía de Barcelona en el año 2017 como la expulsión de policías nacionales o guardias civiles de hoteles o de establecimientos comerciales (gimnasios, restaurantes etc) que en opinión de este fiscal ha sido motivada por el rechazo de sus autores al origen nacional español de los policías o guardias».

En el año 2017 en la provincia de Barcelona se registraron un total de 279 atestados por delitos cometidos por motivación de odio o discriminación frente a 198 en el año 2016, lo que representa un incremento del 40%, señala la Memoria, que destaca «como primer motivo discriminación el origen étnico, nacional y racial (34%), seguido de la ideología (30.8%), en tercer lugar la orientación e identidad sexual (22.6%) y en cuarto lugar la religión (8.7%).