Carles Puigdemont en una conferencia en Berlín

La demanda civil que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros fugados en Bélgica han interpuesto en este país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena parte de una premisa falsa que sustenta el texto. En concreto, se trata de unas declaraciones que hizo el magistrado a la prensa en un acto en Oviedo que después se han manipulado en la traducción de la demanda al francés.

Llarena nunca dijo ante los medios que los investigados por el ‘procés’ hubiesen cometido los delitos de los que se les acusa, rebelión y malversación de caudales públicos. Una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas.

Pues bien, mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto francés de los demandantes la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, por lo tanto, el sentido de sus palabras.

El magistrado dijo esto en un curso judicial en Oviedo en el que participó: «Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados».

Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda al francés dice así: «Peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête».

Es decir: «Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados». La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil.

Un «error» de la traductora

En declaraciones a Europa Press, el coordinador de la defensa de los políticos independentistas investigados, Gonzalo Boye, ha afirmado que informará al tribunal belga del «error» en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena y ha negado que exista cualquier «alteración» y ha apuntado que, en todo caso, «puede ser un error del traductor». «Se lo vamos a preguntar al traductor (en este caso traductora jurada) y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda», ha sentenciado.

Para el letrado, hay «un exceso de nerviosismo y de patrioterismo» porque «no se está leyendo bien el tema» ya que Llarena dice en esas declaraciones «bastante más de lo que se está contando».

Fuentes jurídicas consultadas han señalado que esta manipulación de las pruebas en las que se sustenta la demanda podrían suponer una estafa procesal de los autores de la misma. Ello pese a que los demandantes reclaman de forma simbólica a Llarena que indemnice con un euro a Puigdemont en caso de una condena por vulnerar su honor, por lo que el ánimo de lucro -elemento de la estafa procesal- sería imperceptible.