Pintadas blasfemas en el interior de una iglesia.

José Francisco Serrano Oceja.- La izquierda española, cuando se empecina contra la Iglesia, llega demasiado tarde con ideas demasiado viejas. La izquierda que aplaude al Papa Francisco, y que hace guiños a determinadas élites eclesiásticas, no acepta que la misma Iglesia del Papa de Roma sea la que está presente en las parroquias y en la Conferencia Episcopal. Para tapar las vergüenzas de su revancha contra los muertos –Franco y el pasado-, el gobierno de Pedro Sánchez saca a pasear los bienes de la Iglesia con un argumentario falaz. En esto, Sánchez huele a rancio. Su estrategia, apoyada por asociaciones laicistas de algo más de una docena de miembros, parte del supuesto de que con este proceso de inmatriculaciones la Iglesia ha robado los bienes que son del pueblo. Es decir, los templos, las ermitas y las propiedades eclesiales son del pueblo, no de la Iglesia. Incluso catedrales como la de Córdoba.

Lo que quieren decir, en el fondo, es que los templos y las ermitas son propiedad de la política local de turno. Es decir, la política envidiosa de la Iglesia y de su función social. Por cierto, quienes ahora piensan así, en la historia reciente de España cuando quisieron destruir la Iglesia se dedicaron también a quemar templos y edificios religiosos. Si esos bienes fueran del pueblo, y no de la Iglesia, habrían respetado el ingente patrimonio que la barbarie ideológica arrasó sin escrúpulos.

Arguyen que la Iglesia no paga impuestos por estos bienes, olvidándose de forma torticera, entre otras, de la ley 49/2002 sobre el régimen fiscales las entidades sin fines lucrativos. No hay que descartar que esta campaña tenga un fin último recaudatorio. Podríamos seguir en esta ceremonia del despropósito. Pero antes convendría que nos aclarasen si también se van a hacer públicos los bienes de determinadas realidades sociales. ¿Van a publicar los de propiedad de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia, por ejemplo, que no están siendo utilizados para fines sociales? ¿Y los de los sindicatos? ¿Y los de los partidos políticos? ¿Cuánto nos cuesta el mantenimiento de esos bienes a los españoles? ¿Cuál es su rendimiento?