Víctor Lainéz y su agresor, Rodrigo Lanza.

Por José L. Román.- El 14 de diciembre de 2017, cuando todavía estaba caliente la sangre vertida por Víctor Láinez, español vilmente asesinado por un despreciable sujeto de origen chileno, claro referente de lo más nauseabundo que parasita y asesina en España, otro extranjero con pedigree criminal, proveniente de Serbia tras un breve receso en Italia, segaba la vida en la provincia de Teruel de dos guardias civiles, Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa, y la de un valiente trabajador y noble aragonés nieto del “Pastor de Andorra”, llamado José Luis Iranzo. Sirva mi recuerdo como humilde homenaje de admiración y respeto.

Pues bien, han trascurrido apenas unos meses del triple asesinato, y volvernos a toparnos con la Ley; la ley frente a la debilidad del débil. Según la Ley, dice el Ministerio de Defensa, la viuda de uno de los guardias civiles asesinados, Víctor Jesús Caballero Espinosa, no tiene derecho a una pensión de viudedad dado que el Régimen de Clases Pasivas del Estado afecta a funcionarios como éste guardia civil, incorporado al Cuerpo antes de 2011, y además, porque los ingresos de la viuda superan 1,5 veces el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la muerte del agente.

Que diferente ¿verdad? Si lo comparamos por ejemplo con el aforamiento del rey emérito para blindar su fortuna. O con la situación en la que se vería el “pobrecito” presidente Pedro Sánchez, aunque hubiese cesado en el cargo al día siguiente de su nombramiento. O la de Aznar, Zapatero o Rajoy, que tras solo unos años en el machito ya pueden bañarse en una piscina de cava. O la situación de cualquier senador o diputado de los que tan siquiera conocemos sus nombres. O la del iletrado Patxi López, que tras su cese como presidente del Congreso adquirió el derecho a una pensión de 11.000 euros por cada uno de los siete meses que ejerció el cargo. Y, que les voy a contar del actual presidente golpista del gobierno regional de Cataluña, Quim Torra, que por el solo hecho de haber sido nombrado en el cargo ciscándose en la Constitución, en la Justicia y en las Leyes, ya tiene derecho a una pensión vitalicia de 7.000 euros mensuales cuando se jubile.

Se ríen de nosotros a mandíbula batiente. Se orinan en nuestras cabezas y nos dicen que llueve. Se descojonan en nuestras narices y les seguimos votando. Acudimos a las urnas sin tan siquiera leer las instrucciones de uso, y los legitimamos para que durante cuatro años nos den literalmente por donde amargan los pepinos.

He puesto el ejemplo de la viuda de este humilde guardia civil acribillado a balazos en una zona rural olvidada para muchos como la provincia de Teruel, pero sin olvidar tampoco la situación en la que también ha quedado la viuda de José Luis Iranzo, o las viudas de muchos trabajadores españoles víctimas de los asesinos que han encontrado en la democracia española el “paraíso del crimen”.

Una cosa es la Ley y otra la Justicia. Aplicar la ley sin apelar a la justicia constituye, como en este caso, un claro desprecio a la memoria de un humilde servidor público muerto en acto de servicio. Un esputo sobre el cadáver de una víctima inocente que tuvo la desgracia de cruzarse en el camino de un asesino callejero.

La ley ya la conocemos señores aforados, pero, ¿dónde está la justicia? La justicia ni se suplica ni se manda, se exige.

Cuando los “poderes públicos”, cuando la “superioridad” como vulgarmente se dice comete una injusticia, deja de ser superioridad, es una inferioridad que denigra el poder que se le concede. El que no es justo no es superior, es una mierda aunque se vista de demócrata.