Puigdemont, en Alemania.

El Tribunal Supremo va a rechazar la entrega de el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si Alemania le extradita únicamente por el delito de malversación. El magistrado Pablo Llarena, que lleva las riendas del caso, tiene sobre la mesa diferentes opciones y la hoja de ruta de ambas pasa por no aceptar la decisión que ha tomado el tribunal alemán.

Llarena se plantea retirar la euroorden sin más trámite, dictando el auto correspondiente y comunicándoselo a las autoridades alemanas. La alternativa consistiría en llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para que sea este órgano el que decida si la puesta en marcha de la euroorden permite la actuación de una corte como la de Schleswig-Holstein.

En caso de que el juez del Supremo decida retirar la euroorden, Puigdemont ya no correría un riesgo inminente de ser entregado a las autoridades españolas, siempre y cuando permanezca en Alemania. Si decide moverse a otro país se podría reactivar la orden para que sean los tribunales de ese otro Estado los que decidieran.

Volver a España no sería una opción para el ex president fugado. Si lo hace de manera voluntaria quedaría detenido y sería juzgado por rebelión, un delito que no prescribe hasta que no pasan 20 años, tiempo que debería esperar para regresar.

Pedro Sánchez acepta juzgar a Carles Puigdemont por delito menor

Sánchez y Puigdemont.

El presidente del Gobierno, por su parte, tiene prisa. Quiere pasar página lo antes posible, normalizar la cuestión catalana y empezar a ofrecer “respuestas políticas a una crisis política”, y casi a cualquier precio. Lo dejó claro el pasado lunes en La Moncloa con Quim Torra y lo repitió este jueves en Bruselas, en referencia a Carles Puigdemont, tras conocer que la Justicia alemana sólo ofrecerá la extradición del ex presidentpor un delito de malversación. Si ello significa conformarse con los mínimos y que se le juzgue por delitos menores, es un precio que está dispuesto a pagar. Quien no parece estar dispuesto a ello es el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rechazará la entrega sólo por este delito y dejando fuera la rebelión.

Pedro Sánchez estaba este jueves en Bruselas, su tercera visita en apenas unas semanas, para asistir a la Cumbre de la OTAN. Preguntado sobre la sentencia germana, Sánchez se puso de perfil todo lo que pudo y más, dentro de esa estrategia claramente esbozada para abrir un diálogo con el independentismo y limar asperezas. “Cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno tengo la misma máxima: las resoluciones judiciales no se califican, se respetan, y esto hace este Gobierno, sea en España, en Bélgica, Alemania o donde sea”, aseguró.
Sánchez y su Ejecutivo se han pronunciado sin ningún problema sobre sentencias como la del caso de La Manada, y de forma muy crítica, pero esta vez creen que tienen poco que ganar si opinan abiertamente. “Lo importante en términos de Justicia es que aquellas personas involucradas en los hechos del último semestre de 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles, y eso va a ocurrir”, añadió Sánchez.

Sus palabras son lo suficiente vagas como para abrir diversas interpretaciones. La más clara es que parece que la prioridad de su equipo es que Puigdemont pase por una corte española y cuanto antes mejor, aunque efectivamente no sea por rebelión. Aunque eso implique aceptar que sean cortes belgas o germanas las que marquen por qué delitos puede ser procesado y se fije un precedente muy peligroso.

Pero, además, Sánchez dio a entender también que estaba seguro de que pasaría, de que Puigdemont volverá a España, algo impensable si no es extraditado. “Lo único que espera la sociedad de su Gobierno no es calificar las resoluciones judiciales, es respetarlas”, insistió inmediatamente. “España es un estado democrático y de derecho, al poder ejecutivo lo del ejecutivo y al judicial lo del judicial. No tenemos nada más que hacer salvo acatar”, concluyó.

El portavoz del PP y vicepresidente primero del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en cambio, elevó el tono y lanzó la petición más drástica de todas. Desde Bruselas, reclamó a Pedro Sánchez que suspenda en España la aplicación de la euroorden y del Acuerdo de Schengen. “Exijo al presidente que suspenda la aplicación del Acuerdo de Schengen en España como han hecho tantas veces otros países de la UE hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve”.