El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez

Cuando Mariano Rajoy llegó al Palacio de la Moncloa en diciembre de 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que el déficit público sería del 6%. Una cifra que no era real, ya que la herencia recibida por el Ejecutivo popular fue de un 8%, como ya se intuía.

La crisis económica golpeaba de una manera muy virulenta a España, y Rajoy tuvo que adoptar unas medidas de choque para tranquilizar a la Unión Europa y evitar la intervención del país. Las primeras llegaron en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, con el objetivo de recortar de una tacada 8.900 millones de euros.

A esta primera actuación de urgencia le siguió un ambicioso plan en 2012, cuya meta era reducir el déficit al 4,4%, lo que suponía disminuir el gasto en 36.000 millones. Uno de los frentes abiertos era el sanitario. Rajoy se encontró con un agujero de 16.000 millones, con el gasto farmacéutico disparado, que se reflejaba en las 3.800 toneladas de medicamentos que se tiraban a la basura. Además, la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles se prestaba con un cierto descontrol.

El denominado «turismo sanitario» se había instalado en el país y el Ejecutivo hizo frente a esta situación aprobando el 12 de abril de 2012 el Real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El objetivo era ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad y poner freno al abuso en las prestaciones.

Tarjeta sanitaria

Las actuaciones puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad abarcaban todos los frentes. Se implantó el copago farmacéutico, en función de la renta de los ciudadanos. Así, aquellos con ingresos igual o superiores a 100.000 euros tienen que abonar el 60% del precio de los medicamentos; si la renta está comprendida entre los 18.000 y 100.000 euros, el 50%; y si es inferior a los 18.000 euros, pagan el 40%.

Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagan el 10%, con un tope de 8 euros mensuales. Los que perciben un importe superior, abonan un máximo de 18 euros; y los de más de 100.000 tienen un límite de 60 euros mensuales.

Una de las medidas más polémicas fue la retirada de la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes sin papeles. Antes de la entrada en vigor de este real decreto, para acceder a la tarjeta sanitaria solo se necesitaba estar en el padrón. Ahora, hay que acreditar un permiso oficial de residencia, demostrar que se está trabajando regularmente o tener recursos suficientes para subsistir.

Los inmigrantes sin papeles solo podrán tener acceso a las urgencias en caso de «enfermedad grave o accidente». Igualmente, respecto al turismo sanitario de la UE, la condición para recibir asistencia es residir por un tiempo superior a tres meses.

(ABC)