Roures.

La Policía Nacional está registrando dependencias de la Generalidad de Cataluña y de la empresa Mediapro en el marco de una investigación sobre el censo utilizado en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. Pasadas las nueve horas de este martes se había realizado una detención.

Los registros, ordenados por el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, se están produciendo en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en Hospitalet de Llobregat y la Consejería de Economía del Gobierno catalán, dos de los organismos sobre los que se han centrado las investigaciones judiciales por el procés. También se ha registrado durante una hora instalaciones de una filial Mediapro en Barcelona.

Fuentes de la Consejería de Economía consultadas por Europa Press han confirmado que los agentes están registrando el ordenador del jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, Daniel Gimeno, que está presente en las dependencias de la Generalidad. Estas instalaciones del Gobierno regional en La Rambla de Barcelona fueron las que registró la Guardia Civil, también por orden del Juzgado 13 de Barcelona, durante el 20 de septiembre.

El ordenador de Daniel Gimeno

Daniel Gimeno fue una de las 32 personas incluidas en un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado 13 de Barcelona por ser consideradas de “interés para la investigación” sobre el procés. La lista se configuró a raíz de los correos del exsecretario de Hacienda de la Generalidad de Cataluña Lluís Salvadó y, entre otros, figuraba Elsa Artadi, entonces jefa de campaña de Carles Puigdemont y ahora consejera de Presidencia de Quim Torra.

Fuentes de la investigación han confirmado que la operación de este martes es consecuencia de la que practicó la Policía Nacional el pasado 5 de diciembre en el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Entonces también se buscó datos sobre el censo que el Gobierno autonómico de Carles Puigdemont utilizó para celebrar el referéndum del 1-O.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet ha asegurado que el registro en una división de la productora, concretamente en el servidor de Mediacloud, se ha realizado durante una hora.

Datos de la ‘Administració oberta’

Según este directivo, la Policía buscaba “datos de la Administració Oberta de Catalunya” que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada.

Tatxo Benet ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: “El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner”.

En un comunicado, Mediapro ha insistido en que no se han registrado instalaciones de la productora sino un servidor de Mediacloud, sin hallar “información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material”. Mediacloud es una empresa dedicada a la prestación de servicios de hosting informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones públicas.

“No se ha detectado ninguna conectividad entre Mediacloud y la Administració Oberta de Catalunya (AOC)”, ha asegurado Mediapro, que ha subrayado que esta empresa “no aloja ninguna base de datos de la AOC”.

El papel de Jaume Roures

El pasado mes de febrero, otro informe de la Guardia Civil situó al empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado la hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras.

Mediapro consideró “extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento” que la producción de un documental sobre el referéndum del 1-O pudiera considerarse por la Guardia Civil una prueba delictiva. Mediapro fue la empresa que se encargó de habilitar el centro de prensa para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.