Los acusados, durante el juicio en el banquillo de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional confirma las agresiones que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), en la madrugada del 15 de octubre de 2016, pero descarta que los ocho acusados cometieran delitos terroristas, en contra de la acusación que hizo la Fiscalía.

Así consta en la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que les condena, no obstante, a las penas máximas de cárcel por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El tribunal, que preside la magistrada Concepción Espejel, les impone penas de entre dos y 13 años de prisión, además de obligarles a indemnizar a los agentes agredidos con 9.200 euros por lesiones, en el caso del teniente; 3.750 euros, al sargento y 6.100 euros a cada una de sus parejas por las lesiones. Además, por las secuelas y daños morales, la Sala ha fijado indemnizaciones de 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la novia del sargento.

Los magistrados no pasaron por alto que los ocho jóvenes, con edades comprendidas entre los 32 y los 21 años, actuaron movidos por “la animadversión y menosprecio a la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos”, pero consideran que no quedó acreditada la finalidad terrorista de las agresiones, como tampoco su vinculación o pertenencia a la organización terrorista ETA.

Dicho esto, aprecian circunstancias agravantes de abuso de superioridad y de odio en sus condenados, dejando claro que “no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas solamente porque tengan la condición de guardias civiles”.

El tribunal destaca el hecho de que los agentes y sus novias no pudieran “moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión”.
Iñaki Abad y Aratz Urrizola, dos de los condenados, al llegar a la Audiencia.

Las condenas, una a una

En el relato de los hechos, los magistrados consideran que Jokin Unamuno, condenado a 12 años de cárcel y en prisión provisional desde el 14 de noviembre de 2016, fue la persona que inició el hostigamiento a los dos guardias civiles y a sus novias en el interior del bar Koxka, ayudado por Ohian Arnanz, también en prisión provisional y al que el tribunal impuso una pena de 13 años, y por Joan Ander Cob, condenado a nueve años.

Iñaki Abad y Adur Ramírez fueron condenados a 13 y 12 años de cárcel, respectivamente, mientras que a Julen Goicoetxea y a Aratz Urrizola les impusieron penas de nueve años. Los siete fueron condenados por un delito de atentado a los agentes y delitos de lesiones, con la excepción de Arnaz y Abad, a los que se les condena también por desórdenes públicos. La octava acusada, Ainara Urquijo, es la única a la que el tribunal impuso una pena menor de dos años de cárcel por un delito de amenazas y desórdenes públicos.

El Ministerio Público, representado por el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, acusó a los condenados de delitos de amenazas y lesiones terroristas, llegando a pedir penas de prisión de 50 años, salvo para Ainara Urquijo y Ohian Arnanz, para los que reclamó 12 años y seis meses y 62 años y seis meses, respectivamente.

El tribunal resaltó el testimonio de las cuatro víctimas a la hora de redactar la sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, calificándolo de “claro, rotundo, contundente y coincidente”. Es más, reconoció que quedó patente “el sentimiento contrario” de los condenados hacia la Guardia Civil y su intención de expulsar a dicho cuerpo policial de la localidad de Alsasua, coincidiendo en este sentido con los argumentos esgrimidos por el fiscal.

No fue “una pelea de bar”

No obstante, los magistrados tienen claro que no está probado que las agresiones tuvieran la intención de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, así como provocar el terror en la gente, condiciones requeridas para imponer una condena por terrorismo. Incluso, tuvieron en cuenta el hecho de que los encausados eran menores de edad cuando ETA anunció que abandonaba la lucha armada, en 2011.

El único hecho probado que destaca el tribunal es la vinculación de los condenados con el movimiento Ospa (Fuera de aquí), gestado con el objetivo de expulsar a la Guardia Civil de Vascongadas y Navarra. Pero no por ello considera acreditado la relación de los acusados con alguna organización terrorista.

Dicho esto, el tribunal advierte, sin embargo, de que no fue “una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión”, como defendieron los abogados de los acusados en el transcurso del juicio. Considera que la gravedad de los hechos fue “notabilísima”, destacando “la actitud de brutalidad adoptada por los acusados, el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas”, además del “clima de violencia verbal de los insultos” o las “amenazas directas”.