Clara Ponsatí

La defensa de la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí ha propuesto al tribunal de Edimburgo que tiene que decidir su entrega el testimonio de más de 600 «expertos» dispuestos a cuestionar al Estado español por el procesamiento por rebelión del gobierno de Carles Puigdemont. La maniobra de Ponsatí se enmarca en la estrategia de desprestigio que los independentistas también están llevando a cabo en Alemania y Bélgica, donde se encuentran el expresident, por un lado, y los consejeros Lluis Puig, Antonio Comín y Meritxell Serret, por otro. Está en manos de ese tribunal frenar el intento de vilipendio de un Estado miembro de la Unión o, por el contrario, confiar en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que motivó la puesta en marcha de la euroorden como mecanismo de colaboración. Fuentes del Tribunal Supremo se muestran convencidas de que lo que suceda con España marcará un antes y un después en la credibilidad de la cooperación judicial entre Estados.

Durante la vista de la entrega del pasado 15 de mayo, los jueces fijaron una nueva comparecencia para el próximo 12 de junio con el objetivo de recabar información de las autoridades españolas sobre los cargos de los que se le imputan, tal y como había pedido la defensa de la dirigente independentista. En la euroorden, avalada por el auto de procesamiento, Llarena explicó que la exconsejera asumió «el control de todos los centros escolares dependientes de su consejería e impulsó su ocupación para garantizar que los mismos pudieran ser utilizados» en la votación del 1-O.

Un relato paralelo

A pesar de ello, y también en aras de ganar tiempo con la esperanza de que los otros países se pronuncien antes, los abogados de Ponsatí pidieron hace dos semanas al tribunal que amplíe la información de Llarena y los cargos que pesan sobre ella con la intención de contrarrestarla con el testimonio de estos seis centenares de supuestos expertos que estarían dispuestos a cuestionar el Estado de Derecho español y exponer un relato paralelo al escrito por el Tribunal Supremo.

Clara Ponsatí fue uno de los miembros del ejecutivo de la Generalitat que huyeron a Bélgica después de la proclamación de la República catalana del 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que la cesaba como consejera. Tras permanecer huida cuatro meses en Bélgica junto a Puigdemont y los ex consejeros Comín, Puig y Serret, Ponsatí anunció a comienzos de marzo su reincorporación a la Universidad de St Andrews en Escocia, donde ejerció como profesora de Economía y Finanzas entre 1996 y 2016.

El mismo día que decidió entregarse en una comisaría para evitar su detención, Ponsatí puso en marcha una campaña de desprestigio en la que ha llegado a apuntar a torturas por parte del Estado español: «No hay ninguna garantía de un juicio justo en España si regreso es probable que acabe sujeta a un trato degradante e inhumano».

Como los otros huidos, en esta estrategia victimista del aparato de propaganda de la Generalitat, Ponsatí cuenta con la inestimable ayuda de amplios sectores independentistas que la han llevado incluso a ser portada de periódicos como «The National», donde su abogado, Aamer Anwar, aseguró que «la realidad de lo que estamos hablando aquí es una sentencia de muerte».

El diario escocés llegó a dedicar una portada a la exconsejera cuando en marzo trascendió que se le imponía la retirada del pasaporte como única medida cautelar. «¡España, no tendrás a nuestra Clara!», sentenció el rotativo.