Quim Torra, el segundo de a bordo de Puigdemont, al ser investido, jura fidelidad al pueblo y Parlamento catalanes, pero no a la Constitución ni al Rey. ¿Está realmente investido o se trata de una usurpación del poder?

En primer lugar, sus antecedentes dejan mucho que desear como para dudar de su legalidad como candidato a la Presidencia del Parlamento de Cataluña, por sus declaraciones meditadamente escritas xenófobas y supremacistas contra el pueblo español y contra, especialmente, los españoles catalanes, lo cual debería haber invalidado su candidatura; pero el Gobierno central deja correr, deja pasar.

Pero no se trata ya sólo de los antecedentes, sino, más bien y como estaba previsto, de los consecuentes. Todo Presidente de cualquiera de las Comunidades Autónomas que conforman el Estado español queda obligado al compromiso de no contravenir la Constitución en ninguna de sus actuaciones, como Ley Madre de la que emanan los diferentes Estatutos de cada una de las Comunidades Autónomas, pues se trata de garantizar una política integradora que, al tiempo, respete la diversidad y multiplicidad del Estado de las Autonomías, que no Repúblicas. Este señor no ha cumplido. ¿Seguimos dejando pasar?

En segundo lugar, guste o no guste la Monarquía en general o ésta en particular, hemos de respetar tal institución, puesto que España constituye una Monarquía constitucional bajo la cual se abrigan y de la cual se sufragan las diferentes Autonomías; de no acatar en un proceso de investidura un Presidente autonómico ambas obediencias, tanto la de la Constitución como la del Sistema político que nos rige, consideramos varios que se trata de una REBELIÓN CONSENTIDA, de no frenar tales actuaciones el Estado.

Más que de apoyar al Gobierno, se trata de que el Gobierno deje de apoyar los nacionalismos mediante el consentimiento y el regalo de caceroladas de millones de euros preferenciales a modo de concesiones especiales en los Presupuestos Generales del Estado. Ni terrorismo, ni rebelión, al menos bajo nuestras leyes, que no bajo las belgas. En nuestro territorio, daño, delito y su consentimiento son nuestros, y perseguidos y penados por nuestras instituciones soberanas.

Qué paradoja: pretendemos la extradición de Puigdemont y varios exconsejeros huidos al resto de Europa, mientras tragamos con los coletazos descaradamente envenenados y sedicionistas de Quim Torra, o Percival, secuaz del rey Arturo, caballo de Troya que toma posesión de la espada mágica teletransmitida desde Bélgica. Y, mientras tanto, se trata de abjurar contra Llarena, representante del Tribunal Supremo que bien ha escrito, si bien lo han mal descrito.