Imagen de archivo.

Su padre murió en abril de 1991 pero su mujer, su hija y su yerno lo mantuvieron vivo ante la Administración hasta 2014, cuando un requerimiento de documentación adicional efectuado por la Xunta de Galicia destapó 23 años de engaño. Este lunes arranca en la Audiencia Provincial de La Coruña el juicio contra la pareja formada por JR. C. M. y MA. L. L. -la mujer del fallecido murió en diciembre de 2015- por dos delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial. La Fiscalía solicita penas de prisión de tres y 2,7 años para ellos, así como la devolución a la Xunta de los 67.800,26 euros indebidamente cobrados durante dos décadas de estafa en la cuenta bancaria de la que eran cotitulares el fallecido y su esposa.

Según consta en el escrito de acusación, la Xunta reconoció a V. L. L. una ayuda pública con efectos desde febrero de 1988 en virtud de la ley autonómica de integración de las personas con discapacidad que se abonaba puntualmente en una cuenta compartida por el benficiario y su mujer. Cuando V. L. L. falleció en 1991 ninguno de los investigados comunicó a la Administración el deceso con la intención, apunta la Fiscalía, de seguir «beneficiándose indebidamente de las ayudas públicas concedidas».

Con este fin, su yerno y su hija presentaron en 2003 documentación falsa para conseguir la renovación de las ayudas. «El acusado JR. C. cubrió el 17 de junio de 2003, de su puño y letra, un impreso oficial de la Consellería de Asuntos Sociais correspondiente a la Declaración Anual de prestaciones anuales referidas, haciendo constar información económica y personal de V. L. L., para al mismo tiempo o posteriormente la acusada estampar de su puño y letra una firma que simulaba ser la de su padre fallecido», recoge el escrito de acusación. El documento se presentó en la Delegación Provincial de La Coruña acompañado por una fe de vida y estado expedida el 5 de junio de 2003 por el Registro Civil de La Coruña que acreditaba la superviviencia del beneficiario a tal fecha, sin que, indica la Fiscalía, «haya resultado acreditado en el presente procedimiento si el documento fue efectivamente expedido por el Registro Civil (ante la sola exigencia de tal fecha de presentar el DNI del beneficiario y la presencia de dos testigos) o bien fue confeccionado por los acusados».

El mismo proceder se repitió en ocasiones sucesivas, acreditadas en 2010, 2011, 2012 y 2013 y presumidas para el periodo 2004-2009 (la renovación anual en estos seis ejercicios no consta al haber sido expurgados los expedientes correspondientes, pero la acusación no descarta que se repitiese el mismo procedimiento indicado).

La farsa comenzó a hacer aguas en 2013, cuando una comunicación de la Xunta haciendo notar que en «la declaración de 2013 no se había manifestado la conformidad o disconformidad por parte del solicitante para que se consultasen los datos económicos y fiscales a través del organismo correspondiente» y requiriendo un pronunciamento al respecto puso en jaque a los acusados. «Dicho requerimiento no fue atendido de forma alguna por los acusados, debido al temor a ser descubiertos en su ilícito actuar, razón por la cual la Consellería mediante resolución de 3 de junio de 2014 suspendió provisional el pago de las ayudas públicas», relata el escrito de la Fiscalía.

Pero los acusados no cesaron en su empeño. «Con la finalidad de procurar la impunidad de los hechos cometidos y de que cesase consiguientemente toda actuación administrativa, confeccionaron el 27 de junio de 2014 un escrito en el supuestamente V. L. L. comunicaba a la Xunta de Galicia que se trasladaba a Madrid a residir con uno de sus hijos y que sería este el que se encargaría en adelante de tramitarle la pensión no contributiva ante los órganos de dicha comunidad autónoma». Nuevamente el acusado escribió de su puño y letra el escrito y la acusada estampó una firma que simulaba ser la de su padre.

Tampoco se dieron por vencidos en julio de 2014, cuando la Consellería descubrió que no existía traslado alguno de residencia y que el solicitante había fallecido en 1991. En un intento más, con el objetivo de procurar la impunidad de su actuación y concentrar las responsabilidades en la esposa del fallecido, los acusados confeccionaron en fecha 1 de agosto de 2014 un escrito en el que supuestamente E. L. P. reconocía el cobro indebido de las ayudas y se ofrecía a restituir el importe de lo cobrado indebidamente. De nuevo, JR. C. M. escribía de su puño y letra y MA. rubricaba el texto, en este caso haciéndose pasar por su madre.