El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales implicados en el caso ERE por el que estuvo cuatro meses en prisión, ha defendido hoy que “no es ni pensable” que el sistema por el que la Junta pagaba las ayudas sociolaborales investigadas buscara “evitar” su control previo.

“Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo. Podemos hacerlo mejor o peor, haber tenido avisos o no de quien corresponda, pero no es ni pensable porque esto tiene su recorrido y su huella”, ha respondido hoy en el juicio de los ERE cuando el fiscal le ha preguntado si el hecho de que en 2001 se arbitrara que las ayudas de la Consejería de Empleo se pagaran a través de un ente instrumental como IFA (luego IDEA) se viera “preferible” para evitar el control previo.

Fernández se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un “procedimiento específico”, por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.

En el periodo investigado, Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo de 2000 a 2004 (y como tal presidió un tiempo la agencia pública IFA) y consejero de Empleo de 2004 a 2010, por lo que fue quien firmó por IFA el convenio marco de 2001 con la Consejería de Empleo (entonces dirigida por José Antonio Viera) que introdujo el sistema de pago de las ayudas a través de esta entidad, según la Fiscalía y las acusaciones, para eludir la fiscalización previa que hubieran tenido si las pagaba directamente la Consejería.

Fernández ha negado esa hipótesis y ha atribuido a “los técnicos” la decisión de utiliza esa vía que, por otra parte, ha señalado ya se usaba antes y no sólo para las ayudas investigadas.

Las ayudas eran pagadas por el IFA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación y el fiscal le ha preguntado si sabía que éstas no tienen fiscalización previa como las subvenciones pagadas directamente por la administración, a lo que Fernández ha respondido: “No sé decirle porque no soy especialista”.

Según Fernández, los mecanismos presupuestarios concretos usados “de mi nivel hacia arriba no los conoce nadie” pues se basan en “criterios técnicos”.

Antes y después del convenio marco de 2001 entre Empleo e IFA hubo varios borradores de decretos para regular las ayudas de los ERE que nunca salieron adelante y Fernández ha defendido que “no era imprescindible” una normativa específica porque existía una orden estatal de 1995 sobre ayudas excepcionales que “ha servido de modelo e inspiración” para las que se gestionaron en Andalucía y en 2001 se aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Junta que incluía también ayudas excepcionales sin publicidad ni concurrencia.

Cuando el fiscal le ha interrogado sobre por qué no se prorrogó ese convenio cuya vigencia inicial era de dos años, Fernández se ha escudado en que se prorrogaba de facto cada año con la aprobación en el Parlamento de los Presupuestos anuales de la Junta donde se hace referencia al mismo desde 2002 y “si no se actualiza es porque el Parlamento lo entiende vigente”.

El fiscal le ha preguntado por el equipo de la Dirección General de Trabajo, con Javier Guerrero al frente, que gestionaba este programa de ayudas y si sabía que trabajaba personal externo a lo que ha contestado que en la gestión de estas ayudas “nunca hubo personas ajenas a la RPT -Relación de Puestos de Trabajo- de la consejería” y que en general “en la administración hay muy pocos puestos digitales” (de libre designación).

Fernández, que continuará respondiendo a las preguntas de la Fiscalía, es junto al exdirector de Trabajo Javier Guerrero el único de los 22 acusados -entre los que se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que ha pisado la cárcel.

Lo envió a prisión en abril de 2012 la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, tras interrogarlo durante cuatro días, una declaración que hoy no ha ratificado porque la transcripción “no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, lo cual no quiere decir que no dijera la verdad”.