La Fiscalía de Schleswig-Holstein, encargada del caso al haber sido detenido el expresidente de la Generalitat en esta región del norte de Alemania, ha decidido mantener a Carles Puigdemont en custodia policial hasta que se resuelva la extradición a España. El pliego de acusación en alemán obra en su poder desde el domingo.

Puigdemont ha salido de la cárcel de Neumünster para comparecer ante el juez local, donde ha declarado y ha esperado a conocer la resolución del magistrado, que finalmente ha decidido mantener al expresidente catalán bajo custodia policial.

Los plazos

Cabe la posibilidad de que la estrategia de defensa de Puigdemont presente una solicitud de asilo ante Alemania, aunque parece que no tendría muchas posibilidades, porque una orden europea de detención tiene un rango superior y se le daría prioridad, según ha explicado un portavoz de la Fiscalía. Con ello lo que se conseguiría es un retraso en su traslado a España. Sin embargo, en última instancia, la decisión corresponde al Ministerio Público y a la Oficina de Inmigración alemana.

Todo apunta a que Puigdemont se opondrá a su entrega voluntaria a la justicia española. Alemania tendrá entonces 60 días como máximo para resolver la extradición, prorrogables otros 30 en casos excepcionales. Según un informe de la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la orden de detención europea, con datos de 2015, la media es de 42 días. Después se tendrían 10 días para efectuar la entrega. La Cooperación entre Alemania y España en materia de justicia es tradicionalmente muy buena. Y en el caso de las órdenes de arresto, Alemania ha resulto en un 88% de los casos a favor del país demandante.

Un punto crucial para la entrega de Puigdemont a las autoridades españoles será si los delitos de rebelión y sedición que se le imputan aparecen en el ordenamiento jurídico alemán. En Bélgica no existen, pero en Alemania, la Ley Fundamental, recoge los delitos de alta traición al Estado o a los Länder, muy similar a los españoles. Según los artículos 81 y 82, en el caso alemán, las penas van de 10 años a cadena perpetua, en el caso de atentar contra la República Federal y el orden constitucional; y de uno a 10 años, si el objetivo es incorporar el territorio de un estado a otro estado alemán o disgregar una parte del Estado.