Luis Ventoso.- Disculpen la descortesía pedantuela de citarme, pero es para ubicarnos. Ayer comentaba aquí que los tres casos que han abierto un debate sobre la libertad de expresión suscitan dudas. Estoy de acuerdo con la sentencia del Supremo que condena a un rapero que jaleó a ETA -una banda terrorista con un millar de muertos, nunca se olvide- y que hizo además chanzas tan graciosas como exhortar a matar al Rey, a afiliados del PP y a Cospedal y Aguirre. Es seguro que los deudos de las víctimas y los agraviados considerarán la decisión del Alto Tribunal razonable y reparadora. Por el contrario, creo que fue un error retirar la estúpida y provocadora exposición de Sierra en Arco y también me parece que se equivocó la juez que ordenó secuestrar un libro sobre el narcotráfico tras la denuncia de una persona salpicada por el texto. También considero que la confluencia de los tres casos en un mismo día en modo alguno permite concluir que la libertad de expresión esté amenazada en España (de hecho el problema es justamente el contrario: la barra libre para la difamación en las redes sociales). Por último, parece sectario e irracional culpar al Gobierno de los episodios que han suscitado la controversia, pues no participó en ninguno de ellos.

Aclarada mi posición, vamos con una pequeña parábola. Imaginemos que en la obra de Arco se glorificase bajo un rótulo de «presos políticos» a los que asaltaron a librería Blanquerna de la Generalitat y a otros radicales de esa ideología, por ejemplo, al asesino de Aitor Zabaleta. La dirección de Ifema lo ve y concluye que no es de recibo que en un espacio público se exhiba una pieza que glorifica a delincuentes fascistas, incluido algún acusado de delitos de sangre. Así que Ifema aparca la libertad de expresión y ordena retirar la propuesta. ¿Qué habría pasado? ¿Arderían de furor justiciero La Sexta, Iglesias Turrión y el sanchismo? Claro que no. No habría ocurrido absolutamente nada. Se habría dado la decisión por buena.

En España sucede algo curioso: la izquierda pierde las elecciones, pero conserva su pretendida superioridad moral. Ella establece las pautas de correcta conducta. ¿Constituyen ciertas regulaciones de la llamada Memoria Histórica una conculcación de la libertad de expresión? Pues claro, es evidente. Pero ahí no se admite debate. La pereza de muchos intelectuales conservadores, y la renuncia del PP a defender filosóficamente un ideario liberal de centro-derecha, hacen que el púlpito de los dictámenes éticos y de costumbres esté ocupado por el autodenominado «progresismo». En España ardería Troya si se dedicase una calle a Pinochet o Hitler. Pero no se escuchará una queja si se honra al Che Guevara o a Mao, quien junto a los nazis y Stalin es el mayor genocida de la historia.

(PD: curioso, los insultos de la izquierda neocomunista al amparo del «animus iocandi» caen siempre sobre el lomo de los católicos, no hay raps audaces ni pregones rompedores a costa de la fe mahometana, antítesis, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. ¡Toneladas de hipocresía!).