Fachada del Centro Doctor Esquerdo, al que está adscrto el funcionario inactivo desde hace 15 años

Un funcionario de la Diputación de Alicante lleva 15 años cobrando su sueldo de auxiliar de Enfermería sin trabajar, tras haber encadenado bajas laborales y vacaciones durante todo ese tiempo. Todo legal, porque su salud hace que no sea apto para ejercer en su puesto, pero la Seguridad Social le ha denegado ya en media docena de ocasiones su petición de una incapacidad permanente.

Al parecer, su situación se mantiene en una especie de bucle en el que el empleado público ha agotado también seis veces el periodo máximo de baja, de un año y medio, para a continuación disfrutar las vacaciones a que tiene derecho, aplazadas por su enfermedad. Y al regresar a su puesto, vuelve a conseguir otra baja, y sigue cobrando los 1.200 euros de su salario.

Su dolencia no ha trascendido, en aplicación de la Ley de Protección de Datos, y en cualquier caso le impide cumplir con sus funciones en la asistencia a personas con problemas psíquicos, el Centro Doctor Esquerdo.

Cambio normativo

No obstante, la percepción de algunos compañeros suyos, representantes sindicales por ejemplo, es que actúa como un «absentista profesional», porque muestra una intensa vida de ocio en sus redes sociales, mientras que él achaca este impasse a una «suma de pequeñas cosas», en referencia a cuestiones legales.

En la Diputación han intentado despedirle, sin éxito porque la Seguridad Social no le había notificado correctamente su obligación de reincoporarse a su puesto.

El diputado provincial de Recursos Humanos y vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, ha confirmado que la institución se sumará a la petición de este miembro de su plantilla para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le conceda una incapacidad permanente.

La situación se produce por un decreto de 1993 por el que los trabajadores de entidades locales -como la Diputación-, pasan a depender del INSS; con la excepción de las bajas temporales, que para los trabajadores anteriores a esa fecha es un coste que deben asumir las entidades locales y no del INSS. «Está utilizando los derechos legales que amparan al funcionario público», ha explicado Morant.

Sin embargo, ahora con un informe del Servicio Médico de la Diputación que constata que el estado de salud del hombre «no le permite trabajar», será cuando la Diputación se sume a la reclamación para que se le conceda la incapacidad. «Hasta en seis ocasiones anteriores el INSS le ha denegado la solicitud», ha recalcado Morant.

Sobre la situación generada por este caso, Morant ha detallado que se ha solicitado un informe para determinar «todos los empleados públicos de la Diputación que tengan bajas periódicas y de más de tres meses». Pero no parece un problema extendido, ya que la institución provincial registra un 5% de absentimo.

Asimismo, ha solicitado un informe de seguimiento. «Tan flagrante solo está este caso», ha subrayado el diputado, quien también ha recordado, no obstante, que quien da una baja es «un facultativo».