Turistas en Valencia.

Valencia pretende aprovechar el momento histórico que le ha brindado la crisis propiciada por el desafío soberanista catalán. Mientras que Barcelona, su eterna competidora en ámbitos como el turismo o el sector portuario, ha perdido atractivo, lastrada por los efectos del pulso secesionista, el Gobierno valenciano había trazado una estrategia para levantar la «hipoteca reputacional» que ha pesado sobre la imagen de la región en los últimos años y ha encontrado en los separatistas unos aliados involutarios.

Los indicadores de llegada de turistas extranjeros y exportaciones, ambos en cotas históricas, contrastan con los de Cataluña, y especialmente Barcelona. De acuerdo con la previsión oficial de la Agencia Valenciana de Turismo, la Comunidad Valenciana cierra el ejercicio 2017 con más de nueve millones de turistas extranjeros, que realizaron un desembolso de 8.700 millones de euros. Ambos datos representan «cifras históricas jamás registradas en nuestro destino», de acuerdo con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

El Ejecutivo que preside Ximo Puig percibió el pasado mes de octubre la llegada de un momento «histórico». Aunque no lo admitan abiertamente, las elites políticas y empresariales valencianas han advertido que un modelo que combine el tono reivindicativo en materias como la financiación autonómica o las infraestructuras –con el Corredor Mediterráneo como principal estandarte– con la «lealtad a España» puede resultar efectivo para resolver lo que Puig viene acuñando desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat como «el problema valenciano».

Un problema que se traduce en la necesidad de que la financiación aumente en 1.600 millones de euros al año y se reduzca el dédicit de inversiones en obra pública. Una tarea ésta última ante la ya que ha reaccionado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien goza de hilo directo con el empresariado local.

El Gobierno valenciano ha comprobado de primera mano las dañinas consecuencias del proceso secesionista, pero a la inversa. Desde octubre un total de 250 empresas de Cataluña han trasladado sus sedes a la Comunidad Valenciana. Entre ellas, las dos grandes entidades financieras –CaixaBank y Banco Sabadell– optaron por mover sus domicilios sociales a Valencia y Alicante, respectivamente. Conforme recalcó el consejero delegado de la primera, Gonzalo Gortázar, los bancos tienen «plena confianza en la estabilidad» que les brinda el Ejecutivo autonómico y su traslado no es temporal. El presidente de la influyente Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, pronostica al respecto que el traslado de las sedes «es una decisión irreversible». Incluso, va un paso más allá y prevé que «poco a poco irán incrementando su actividad en la nueva sede».

En ese sentido, el influyente lobby que capitanea Boluda junto al presidente de Mercadona, Juan Roig, tiene previsto incorporar a lo largo de 2018 a los máximos mandatarios de CaixaBank y Banco Sabadell, Jordi Gual y Josep Oliu, respectivamente.

Pragmatismo valenciano

En esa estrategia de acercamiento para lograr que las entidades catalanas optaran por la Comunidad Valenciana Ximo Puig desempeñó un papel de interlocución clave con sus presidentes, a quienes trasladó un mensaje de «estabilidad política alejado del rupturismo». Un mensaje pragmático con el que pretendía disipar dudas respecto a los posicionamientos favorables al «derecho a decidir» de algunos dirigentes de Compromís, socio de gobierno del PSPV-PSOE en la Generalitat. Finalmente, Mónica Oltra, coportavoz de la coalición y vicepresidenta autonómica, ha hecho frente común con Puig en esta estrategia, que antepone los intereses económicos a las aspiraciones identitarias.

Al respecto, el empresariado y la clase política pretenden que los cambios de sedes de empresas catalanas vayan más allá de lo simbólico y se traduzcan en mayor actividad y empleo. En ese sentido, a pesar de que solo 12% de las empresas que han abandonado Cataluña han escogido Valencia como de destino para sus sedes, la región aglutina la mayoría de la facturación, un 40%, lo que supone 11.007 millones.

Fuente: ABC