El concejal de Educación del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), Javier Alonso, ha remitido sendas cartas a la Conselleria de Educación y a la dirección del IES Violant de Casalduch en las que exige la retirada de un mapa político que se encuentra colgado en el centro y en el que se incluye “dentro de un territorio inexistente de ‘Països Catalans’ a la Comunitat Valenciana”, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Alonso ha manifestado que han sido “numerosos” los padres de alumnos lo que se han dirigido al ayuntamiento “poniéndoles en conocimiento de la presencia de este mapa y pidiéndoles que actúen ante esta “irregularidad grave”.

“Consideramos que un centro educativo debe y está obligado a transmitir el conocimiento de una manera aséptica, científica y seria, por lo que hacer alusiones a temas políticos como son las aspiraciones territoriales de ciertos colectivos solo denota una falta de criterio en su vocación de educadores”, ha añadido.

El concejal ha recordado a la Conselleria y a la dirección del centro que esa distinción territorial “no se recoge en ningún documento y contraviene no solo el estatuto de la Comunitat Valenciana, sino también la Constitución y que, por tanto, hay motivos legales más que suficientes para proceder a una retirada inmediata”.

Además, Alonso ha pedido a la Conselleria que realice una investigación y un informe sobre quién lo colocó y cómo fue posible que un mapa de estas características “apareciera en un centro educativo que debe ser apolítico”. “No queremos que nadie, ni en un sentido ni en otro, adoctrine a nuestros jóvenes”, pues “la libertad de enseñanza significa también el derecho a aprender sin manipulaciones por parte del profesorado”, ha apuntado el concejal.

“FENÓMENO VEJATORIO”

Así mismo, ha subrayado que el adoctrinamiento es un “fenómeno vejatorio” para la libertad del alumnado y de las familias “que solo aspiran a que sus hijos se formen con amplitud de miras y con derecho a decidir”.

El concejal ha adelantado también que, de no tomarse una acción inmediata de retirada e investigación, así como de auditoría de lo que en este sentido está sucediendo en el centro, “se pondrá el caso en manos de la justicia”. “Porque ante todo prevalece la libertad de los menores que acuden al centro y deben tener garantías de que su educación se enmarca en el estado democrático y constitucional en el que vivimos”, ha concluido.