La Fiscalía ante el Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena, que investiga el ‘procés’ hacia la declaración de independencia, que mantenga la medida de prisión preventiva para los diez imputados que han comparecido hoy ante el magistrado para pedir salir en libertad.

Consuelo Madrigal, exfiscal del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, ha sido los miembros del ministerio público que han asistido hoy a las comparecencias ante el Supremo del exvicepresident Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, además de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El juez Llarena decidirá sobre su situación personal en la mañana del lunes, horas antes del inicio de la campaña electoral, programado para la medianoche de ese día.

En todo caso, la Fiscalía se opone a su libertad al considerar que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.

Las declaraciones han transcurrido a lo largo de casi de cuatro horas y el juez Pablo Llarena, que les citó a petición de los comparecientes para escuchar sus argumentos a favor de que se acuerde el fin de su situación de prisión preventiva, les ha informado de que decidirá sobre el asunto el próximo lunes.

Después de las declaraciones el magistrado ha consultado a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiarse la situación personal de los imputados.

De este modo, la decisión de Llarena se produciría horas antes del comienzo de la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre, que arrancará en la medianoche del lunes.

Ocho de los diez comparecientes hoy -todos salvo Meritxell Borras y Jordi Cuixart- se presentan a esa cita electoral.

Los exconsellers han empezado a declarar ante el juez poco antes de las diez de la mañana en una serie de comparecencias que han comenzado con las del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva.

En poco más de tres horas, antes de la una de la tarde, ya habían declarado todos los exconsellers y quedaban solo por hacerlo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los ocho exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium han acatado ante el juez del Supremo la Constitución y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que sin embargo no se han mostrado de acuerdo, y se han comprometido a actuar por el cauce legal a partir de ahora.

Fuentes jurídicas presentes en las comparecencias de los diez investigados por el proceso independentista catalán que permanecen en prisión han explicado que todos ellos han rechazado el uso de la violencia y dos, Raúl Romeva y Carles Mundó, han defendido la vía escocesa para Cataluña.

En sus declaraciones para pedir su puesta en libertad, los exconsejeros y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han acatado la Constitución y han destacado que es una norma flexible que se puede modificar para conseguir que se reconozca el derecho a decidir.

Los exconsellers también han asumido la aplicación del 155 exponiendo como prueba de ello que han aceptado su cese, pero no se han mostrado de acuerdo con él.

La única que ha reconocido errores en el referéndum del 1 de octubre ha sido Dolors Bassa y también ella, a preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, ha admitido la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio en las circunstancias que se hizo.

l exconsejero de Interior Joaquim Forn ha insistido por su parte en que han revisado su estrategia política porque han entendido que había que hacer autocrítica, y Josep Rull ha querido dejar claro que no hay posibilidad de destrucción de pruebas.

En principio, Junqueras y Romeva, que sí han acatado el 155, han sido los únicos de los comparecientes que se han negado a contestar a las preguntas de las acusaciones.

Dolors Bassa ha contestado a gran parte de las preguntas del fiscal; Meritxell Borras y Joaquim Forn a todas; Carles Mundó a algunas; y Josep Rull a todas menos a las planteadas por la acusación ejercida por el partido Vox.

En sus comparecencias, todos se han ceñido a sus respectivos escritos, presentados ante el juez para solicitar su salida en libertad.

Pasadas las tres de la tarde, los furgones en los que han sido trasladados esta mañana a los calabozos de la Audiencia Nacional, que han sido utilizados hoy ante la ausencia de este tipo de espacios en el Supremo, han vuelto a sus respectivas prisiones.

De este modo, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn han sido devueltos a la prisión de Estremera, en la que permanecen desde el pasado 2 de noviembre.

Lo mismo ha ocurrido con las exconselleras Meritxell Borras y Dolors Bassa, en su caso en el módulo de mujeres de Alcalá Meco, y en el de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ingresados en Soto del Real desde el 16 de octubre.