Varias personas con una bandera independentista pasan frente a un comercio cerrado durante la huelga general convocada en Cataluña, el 3 de octubre en Barcelona

Crear una empresa paralela en Madrid, imprimir sus etiquetas en español o trasladar su sede: pequeños empresarios catalanes hacen malabarismos para esquivar el boicot y la incertidumbre que acompañó la amenaza de secesión.

Aunque la situación en Cataluña, controlada por el Gobierno central, se estabilizó momentáneamente, el propietario de un grupo familiar de vinos no renunció a montar una sociedad de distribución paralela en Madrid. “Se toma esa decisión porque no te queda más remedio”, admite.

Las campañas de boicot contra los productos catalanes continúan lastrando las ventas de esta empresa en el resto de España, que se hundieron más del 30% desde principios de octubre, explica.

Distribuyendo desde Madrid espera no ahuyentar a sus clientes con una dirección catalana, al mismo tiempo que conserva su producción en esta región mediterránea en el noreste de España.

“Si no, no vendes”, resume en su tienda en Barcelona este empresario quincuagenario, que solicita el anonimato.

Por temor al boicot o la incertidumbre que podría llevar una hipotética secesión, casi 2.800 empresas trasladaron su sede social fuera de la región desde principios de octubre y la lista sigue ampliándose, aunque a un ritmo menor.

Se trata de un cambio puramente administrativo, pero hace temer un traslado real a medio o largo plazo.

Entre las empresas que tomaron esta decisión figuran grandes grupos que representan el 30% del PIB catalán, especialmente bancos, pero también un amplio abanico de pequeñas y medianas empresas.

En un adinerado barrio de Barcelona, una pequeña sociedad de distribución de medicamentos aceleró el traslado ya previsto de su sede social a Sevilla, reconoce su propietario, que rechaza también ser citado con su nombre ante la sensibilidad del tema.

Sus ventas bajaron entre un 10 y un 20% este otoño en las farmacias de Andalucía, donde la empresa genera la mayor parte de su negocio. “Los pacientes dicen: “Dame un producto que no sea catalán”. Es un fenómeno nuevo, nunca había sucedido”, explica su director.

En su decisión, también pesó el miedo a quedarse fuera del marco jurídico europeo en caso de independencia de Cataluña. “Si estamos fuera de la UE, estamos quebrados, nuestras importaciones serían sometidas a aranceles”, indica.

Enfado y dolor 

La mayoría de pequeñas empresas que cambiaron su sede lo hicieron “por miedo al boicot” pero “siguen teniendo fábricas, dirección, empleos” en Cataluña, explica Enric Rius, abogado fiscalista que asistió a numerosas empresas en estos trámites.

“Si me afectara, sí que me iría. Pero, de momento, mi negocio no se resiente”, señala Francisco Castillo, propietario de una empresa de transportes cercana a Barcelona. De todas maneras, “todo se ha parado, no se toman decisiones, no se van a comprar máquinas”, admite.

Muchos pequeños empresarios catalanes no esconden sus simpatías independentistas ni su malestar por el cambio de sedes de otras compañías.

En la ciudad industrial de Tarrasa, 30 km al norte de Barcelona, Aleix Pons i Coll sintió “enfado y dolor” a principios de octubre cuando los dos principales bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, anunciaron su marcha.

La mutualidad Previsio, de la que es vicepresidente, trabajaba estrechamente con ellas pero ahora se plantea un cambio de rumbo.

“A lo mejor llegará el día en que dejamos de trabajar con entidades que se van de aquí para trabajar con entidades que se quedan aquí”, pero “lo haremos de mala gana”, asevera el responsable, que basculó hacia el independentismo en 2010, cuando la justicia española anuló parcialmente el estatuto redactado por el tripartito.

Un decreto facilitando el traslado de la sede social adoptado a principios de octubre por el Gobierno central también contribuyó al resentimiento, aunque ahora Madrid anime a las empresas a volver a Cataluña.

“Se ve claro que ha sido una presión política. Si has propiciado que se vayan, ¿cómo ahora dices que no se vayan?”, se pregunta con enojo Pons i Coll.

Pocos son los que opinan que las elecciones regionales del 21 de diciembre permitirán volver a las empresas. “Hay una percepción de que esta sociedad va a continuar saltándose las leyes, y eso es peligroso para la actividad de una empresa”, agrega el director de la sociedad farmacéutica.