El exjuez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

El ex juez Santiago Vidal anunció su dimisión como senador de ERC el pasado 27 de enero, tras conocerse que había afirmado, durante unas conferencias sobre la futura República catalana por varios lugares de Cataluña, que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes, dando a entender que los había obtenido de manera ilegal. Tras hacer efectiva su dimisión, el juez no podía volver a la carrera judicial ya que fue suspendido de empleo y sueldo por el Consejo del Poder Judicial por un periodo de tres años, que se cumplen en febrero del próximo año. El e-mail, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está incorporado al procedimiento que investiga el Juzgado número 13 de Barcelona, es del pasado 11 de julio.

En este texto, Santiago Vidal afirmaba que, cuando a finales de enero habló con “Marta” y con “Jordi” le hicieron pedir la dimisión como portavoz de ERC en el Senado y la aceptó sin oposición aunque “no tenía la obligación legal de hacerlo”. El texto proseguía: “Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundació Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero de 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial”.

Vidal relata cuáles son los gastos con los que tiene que correr: 210 euros de retención de IRPF; la cuota de autónomos de la Seguridad Social (75 euros); la cuota del Colegio de abogado en ejercicio (120 euros) y los honorarios del gestor que hace el pago del IVA trimestral (154 euros). Todo ello supone que los ingresos netos sean de 2.441 euros, señala.

De 4.300 euros como senador a 900

“Desde entonces han pasado cinco meses y sólo he recibido un pago, que corresponde a los dos primeros informes, la verdad es que he pasado de cobrar 4.300 euros netos al mes como senador de ERC a poco más de 900 euros mensuales”, se lamenta Vidal, quien precisa que es consciente de que “esto de la política es una ocupación inestable”.

En la queja por el impago de la factura del tercer informe que había hecho para la Fundació Irla continuó recordando que era “la primera vez” en más de 30 años de vida laboral que tenía que “pedir el cumplimiento de un acuerdo personal”. “Y también será la última -añadió-, por una cuestión de dignidad no pienso volver a hablar más de este tema. La vida me ha enseñado a intentar resolver mis problemas, sobre todo si yo he ayudado a crearlos”. Cuatro informes entregados y uno en preparación Según se comprueba en los e-mail de su correo electrónico, incorporado en su totalidad al Juzgado, Santiago Vidal ha estado realizando los informes que había pactado con la Fundació Irla desde finales de febrero pasado.

La entidad está vinculada a ERC y fue creada en 1997 en homenaje al que fue presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Irla. En la actualidad está presidida por el ex conseller de Cultura en el tripartito, Joan Manuel Tresserras. Los informes jurídicos que ha ido entregando el ex juez están relacionados con el proceso soberanista. Se los entregaba a Lluís Pérez, director académico de la Fundació, según consta en los e-mail procedentes del ordenador de Vidal, que incautó la Guardia Civil en la ‘operación Anubis’ -realizada contra las personas que formaban parte de la estructura para el 1-O y en la que hubo 14 detenidos-.

Realizaba un informe sobre muerte digna cuando fue detenido

En estos e-mail se puede ver la secuencia del encargo y la entrega de los borradores y los textos definitivos. Cuando el exjuez fue detenido el 20 de septiembre estaba realizando el quinto informe, “El derecho a una muerte digna. Legislación y Jurisprudencia”. En él se abordaban, entre otras cuestiones, la regulación de la eutanasia activa y pasiva en Europa y en América. El quinto apartado de este estudio jurídico era sobre los países en los que se podría “mirar la futura República catalana” y hablaba también de la proposición de ley del Parlament sobre la despenalización de la ayuda al suicidio.

Vidal ha cobrado 3.000 euros por cada informe, de más de 60 folios, a los que sumaba el 21 por ciento de IVA y deducía el 7 por ciento de IRPF, según consta en las facturas giradas a la Fundació. La primera de ellas es por dos informes -6.000 euros- y tiene fecha del 28 de abril; la segunda fue emitida el 26 de junio, y la tercera, del 25 de agosto. Los informes con los que se corresponden estas facturas son los siguientes: el primero de ellos se titula “Garantías Jurídicas para los Derechos Sociales. Una propuesta para Catalunya” y entre otros asuntos, habla de “cinco países de referencia: Suiza, Finlandia, República Federal de Alemania, Dinamarca y Suecia”.

El segundo informe trata sobre la “Protección de la Libertad de expresión en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; el tercero, sobre la “Revisión Judicial del Control de Constitucionalidad de las leyes”. Uno de los capítulos de este último texto es sobre la Regulación Jurídica en la Constitución Española, y aborda “el fracaso del control ejercido por el Tribunal Constitucional por falta de legitimidad democrática”.

Otro de los apartados está titulado: “Déficit democrático del control judicial de Constitucionalidad en relación a los estatutos de autonomía sobre referendos populares” y uno más habla sobre la sentencia del TC de 2010 sobre el Estatut, bajo el título de “involución del modelo constitucional español. Posible delito de prevaricación imputable a los magistrados del Tribunal Constitucional”. Finalmente, para cerrar ese informe, incluya una propuesta de regulación para el “futuro Estado catalán” con una “Sala de Garantías constitucionales del Tribunal Supremo de la República”.

El cuarto informe es sobre “el derecho de autodeterminación y la vía canadiense”. En el analiza las lecciones del caso de Quebec para el futuro de Cataluña y también la Ley de Claridad del año 2000 en Canadá bajo el apéndice “Trampas jurídicas y políticas del Parlamento, el Senado y el Gobierno federal canadienses”.