La Fiscalía federal belga no ha designado aún un juez de instrucción que se ocupe de las cinco órdenes europeas de detención y entrega emitidas por España contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados que le acompañan en Bruselas, un paso que cumplirá “mañana o el lunes”, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Fiscalía, el magistrado Eric Van der Sijpt.

La Fiscalía no ha concluido aún su análisis de las euroórdenes dictadas por la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y que las autoridades judiciales belgas recibieron a última hora del viernes. Afectan, además de a Puigdemont, a los exconsellers Maria Serret, Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsanti.

El propio Puigdemont ha expresado este sábado a través de un mensaje en Twitter que tanto él como los exconsellers están “preparados para colaborar plenamente con la justicia belga”.

Preguntado por esta colaboración, el portavoz de la Fiscalía no ha querido aclarar a Europa Press si ha habido ya contactos para acordar la entrega del expresidente autonómico a las autoridades belgas, pero ha recordado que sus abogados han mostrado públicamente esta voluntad de cooperación.

Una vez “los interesados sean encontrados y llevados delante del juez, éste tendrá veinticuatro horas para tomar una decisión”, informó con anterioridad el Ministerio Público a través de un comunicado.

“El juez de instrucción deberá elegir entre varias decisiones: puede decidir no emitir una orden de arresto o puede emitirla pero liberar a las personas concernidas interesadas bajo ciertas condiciones”, recordó la Fiscalía.

Si el juez de instrucción emite la orden de detención, el caso “se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden” si esta se puede ejecutar.

“Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación”, que dispondrá de 15 días para tomar una decisión, agregó el Ministerio Fiscal.

Se cree que Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- se encuentran en Bélgica, donde llegaron el pasado lunes después de que el Gobierno español declarase la entrqda en vigor del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña, tras la declaración unilateral de independencia por el Parlamento regional.

La euroorden prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en sólo 10 días si el afectado consiente la orden, pero los plazos se alargarían en caso de que la persona se negara a la extradición, hasta 60 días desde su detención, como norma, pudiendo extenderse 30 días más en casos excepcionales.

Puigdemont llegó a Bruselas el pasado lunes acompañado de siete exconsejeros de su Gobierno, de los que aún permanecen junto a él en la capital europea cuatro de ellos, según fuentes del entorno del expresidente autonómico.

Se trata del exconsejero de Salud Antoni Comín, el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig, la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret y la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2017 Clara Ponsatí.

Si Puigdemont y sus exconsejeros no aceptan la extradición ante el juez de instrucción, tal y como han adelantado sus asesores legales, el proceso continuará en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), en donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no.

En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente.

En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.

La directiva de aplicación de la euroorden prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro.

Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen “razones serias” para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

Paul Bekaert, el abogado conocido en España por recurrir la extradición de varios etarras detenidos en Bélgica y que ahora asesora a Puigdemont, ya ha dejado entrever en declaraciones a la prensa que si pide la extradición del expresidente autonómico la recurrirá apelando al riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales en España.