José Manuel Maza, fiscal general del Estado

Victoria Prego.- La última de Puigdemont puede convertirse en una aventura de cómic y entrar en una de esas historias de Tintín en la que un prófugo intenta colarse metido en un barril de ron en un barco atracado a puerto y a punto de zarpar. Personalmente me resisto de momento a interpretar como una fuga con todos los pronunciamientos ese estrafalario viaje de Puigdemont, primero en coche hasta Marsella y luego en avión hasta Bruselas después de haber mandado por la mañana del lunes, cuando ya no estaba en Barcelona, una foto hecha desde la Generalitat con la evidente intención de hacer creer a la ciudadanía que aún seguía en el palacio.

Parece una broma o, en el mejor de los casos, un juego del escondite propio de adolescentes. Y eso, después de haber provocado un terremoto político de la formidable envergadura de una declaración de independencia, es decir, de desgarramiento de España, lo que provocó después la aprobación por el Senado de un artículo de la Constitución que permitiera asumir al Gobierno la competencias de las consejerías catalanas. Eso es lo que convierte al numerito de Carles Puigdemont y sus cinco consejeros en directamente intolerable.

¿Qué buscan el antiguo presidente de la Generalitat y sus cinco acompañantes? No será, espero, que busquen la protección de instituciones favorables a sus delirios. Porque si fuera así, sería una auténtica burla que el responsable máximo de esta locura se meta bajo las faldas de un partido extranjero, que además ya ha dejado claro que no le ha invitado en absoluto, y deje abandonados a su suerte a todos los demás que permanecen en Cataluña a merced de la acción de la Justicia española por los posibles delitos que hayan podido cometer. En definitiva, un capítulo definitivamente grotesco de este esperpento que no tiene fin. Una broma de mal gusto, un sainete tenebroso, una tremenda vergüenza.

En España, las cosas siguen su curso razonablemente, como corresponde a una democracia asentada y seria. Y en ese sentido se inscriben las querellas presentadas por la Fiscalía ante los tribunales, una contra los miembros del Govern y otra contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. José Manuel Maza ha salido a anunciar estas querellas rodeado del teniente fiscal del Tribunal Supremo; del fiscal jefe de la Inspección; del fiscal jefe de la Secretaría Técnica y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es decir, del Estado Mayor del Ministerio Fiscal, lo cual nos da una idea de la trascendencia de las medidas adoptadas y de la unidad de criterio que existe en el seno de la Fiscalía.

Maza ha explicado con amplitud y precisión la inmensidad del daño provocado a las instituciones y a la sociedad entera, dentro y fuera de Cataluña, por los planes llevados a término por este grupo de dirigentes secesionistas que han ignorado la Constitución, que se han saltado conscientemente las sentencias del Tribunal Constitucional, que han destruido la observación y el sometimiento a su propio Estatuto de Autonomía, que han privado a la oposición de sus derechos políticos, que han ignorado la opinión de la mayor parte de la ciudadanía y que, con toda esa enormidad sobre sus espaldas, han aprobado, despreciando la opinión de los letrados de la Cámara y de su propio Consejo de Garantías Estatutarias, dos leyes abiertamente ilegales y han convocado un simulacro de referéndum igualmente ilegal cuyos resultados, no validados por ningún organismo neutral y acreditado, han utilizado como pretexto para declarar la independencia de Cataluña.

No es posible en ningún país serio no responder con la ley ante tal cúmulo de desmanes. Y eso es lo que ha hecho el fiscal planteando a los jueces la posibilidad de que esas personas, 20 en total, se les juzgue por un delito de rebelión, que es su primera propuesta, además de malversación y otros delitos conexos.

Como en la reforma del Código Penal de 1995 se introdujo la condición, en el artículo 472 que tipifica la rebelión, de que ésta tuviera que ser violenta, muchos juristas dudan ahora de que se pueda acusar de este delito a los miembros del gobierno de Puigdemont, a pesar de que la Fiscalía sostiene que las movilizaciones tumultuarias y los acosos a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tanto en sus lugares de trabajo como en sus lugares de descanso han sido una manera intimidatoria y violenta para conseguir lo que todos buscaban: la instauración ilegal de la independencia.

Pero el Fiscal cuenta con que puede que los jueces que no compartan su interpretación del concepto de la violencia aplicada a este caso y propone entonces que se les juzgue por un delito de sedición, artículo 544, que se aplica a quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales” la aplicación de las leyes a cualquier autoridad. Y en este caso, aunque sea visto con los ojos de un lego, no hay ninguna duda.

Todos los miembros del gobierno catalán, con su fugado presidente a la cabeza, los miembros de la Mesa citados por Maza y por lo menos los dos jefes de las asociaciones ANC y Ómnium tienen todas las papeletas para ser condenados por sedición. Este camino no lo puede parar nadie. Y este camino lleva a la cárcel.

Es el camino de la Justicia aunque no sea el de la política. Quiero decir que al Gobierno de Mariano Rajoy, al líder socialista Pedro Sánchez y al de Ciudadanos Albert Rivera seguramente les habría venido mejor para pacificar el clima en las calles catalanas que los tribunales no ofrecieran a estos profesionales de la victimización que son los secesionistas ningún motivo para fabricar nuevos mártires cuyos retratos pasear por las concentraciones mientras se entonan los consabidos salmos en defensa de la “libertad” de sus ídolos.

Pero como esto es un Estado de Derecho, cosa que Puigdemont ha demostrado desconocer, resulta que hay separación de poderes y, por lo tanto, que los tribunales seguirán adelante tanto si hay elecciones como si no, tanto si favorece a unos como si les perjudica y favorece en cambio a otros.

Por lo tanto, viviremos días convulsos porque, si Puigdemont verdaderamente se ha fugado de España con propósito de pedir asilo, cosa verdaderamente inaudita y que habrá que certificar porque, si no es para eso, a todos los demás efectos estar en Bruselas es como estar en la Barceloneta, es muy probable que los jueces quieran impedir que los demás querellados sigan la senda de su indigno y cobarde líder y, en consecuencia, les impongan prisión provisional, una de cuyas escasas justificaciones es precisamente que se aprecie riesgo de fuga en el reo.

Si el que fue su president no regresa pronto, les habrá atado con cadenas una bola a los pies de todos sus colaboradores. Y, lo que es mucho peor, les habrá arrancado con este guantazo la mínima dignidad imprescindible para defender sus posiciones con la cabeza alta. Mayor infamia no cabe.